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Sedatu restituye 9 mil hectáreas a pueblos indígenas en 2025

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A través de los Planes de Justicia impulsados por el Gobierno de México, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) restituyó 9 mil hectáreas de tierras a pueblos indígenas durante 2025, mediante la enajenación de terrenos nacionales y la adquisición de superficies a través del Programa de Atención de Conflictos Agrarios (PADCA), acciones consolidadas por Decreto Presidencial.

La dependencia encabezada por Edna Vega Rangel benefició este año a cinco comunidades pertenecientes a tres pueblos originarios. En total se restituyeron:

  • 5,956 hectáreas al Pueblo Wixárika,
  • 3,000 hectáreas al Pueblo Tarahumara (Rarámuri/Ralámuli),
  • Más de 500 hectáreas al Pueblo Ódami,

como parte de la atención a sus demandas históricas de resarcimiento y titulación de territorios, necesarios para su aprovechamiento y administración de acuerdo con sus sistemas normativos.

Estas acciones se realizaron en coordinación con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional (RAN) y el Fifonafe, en el marco de nueve Planes de Justicia y Desarrollo Regional dirigidos a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

Los planes abarcan territorios Wixárika (Jalisco, Nayarit, Zacatecas y Durango); Sierra Tarahumara (Chihuahua); Yoreme Mayo y Yaqui (Sonora); Chichimeca Otomí (Guanajuato y Querétaro); Chinanteco-Mazateco (Veracruz); P’urhépecha (Michoacán); Montaña de Guerrero; y Yumano-Cochimí (Baja California).

Como parte del seguimiento, Sedatu mantiene trabajos de análisis y conciliación para avanzar en la restitución de tierras a la comunidad Mala Noche del Pueblo Ralámuli y al Pueblo Yaqui, mediante la enajenación gratuita y colectiva de terrenos nacionales.

Para 2026, la dependencia continuará con los procedimientos para la restitución de tierras a San Sebastián Teponahuaxtlán y su anexo Tuxpan, del Pueblo Wixárika, así como a la comunidad Cruz del Palmar, dentro del Plan de Justicia Chichimeca.

Las restituciones se realizan conforme a estudios técnicos, acuerdos con propietarios actuales y la coordinación interinstitucional para garantizar certeza jurídica y el reconocimiento de territorios ancestrales tras décadas de despojo.

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