Venezuela: cuando una transición forzada redefine el poder y la región

Venezuela se encuentra hoy en uno de los momentos más complejos, delicados y decisivos de su historia contemporánea. No se trata únicamente de la salida de un líder, ni de un episodio judicial de alto impacto mediático. Lo que está ocurriendo representa el cierre abrupto de un ciclo político y la apertura de una transición cuya naturaleza, alcances y consecuencias aún están por definirse.

Durante más de dos décadas, el país transitó de ser una de las economías más sólidas de América Latina a convertirse en un Estado debilitado, con instituciones erosionadas, una economía colapsada y una sociedad fragmentada. La concentración del poder, la eliminación progresiva de los contrapesos democráticos y la instrumentalización del aparato estatal generaron un modelo de control que, aunque resistente, terminó por agotar sus propias bases de legitimidad.

La situación actual rompe con la lógica tradicional de los cambios políticos en la región. A diferencia de otras transiciones, no se produjo una implosión inmediata del aparato gubernamental. Las estructuras centrales del Estado continúan funcionando, la administración pública sigue operando y las fuerzas armadas mantienen el control territorial. Este hecho confirma una verdad incómoda: el sistema venezolano no dependía exclusivamente de una figura, sino de una arquitectura de poder cívico-militar diseñada para sobrevivir a escenarios extremos.

Sin embargo, que el Estado siga operando no significa que conserve legitimidad. El silencio que hoy se percibe en las calles venezolanas no debe interpretarse como aceptación o indiferencia. Es el resultado de años de desgaste social, represión, desmovilización forzada y fragmentación política. Millones de venezolanos ya expresaron su rechazo de la forma más contundente posible: abandonando el país. El éxodo masivo es, en sí mismo, el plebiscito más severo contra el modelo que colapsó.

En este escenario emerge un nuevo actor central: Estados Unidos, que asume un rol directo en la conducción de la transición. El concepto de “administrar el país hasta una transición segura” no es una fórmula diplomática. Implica control político, control institucional y, sobre todo, control estratégico de los recursos clave. Aquí se encuentra el verdadero núcleo del debate.

Venezuela posee el mayor volumen de reservas probadas de petróleo del planeta. Su industria energética, hoy severamente deteriorada, constituye un activo geopolítico de enorme relevancia en un contexto global marcado por tensiones energéticas, conflictos regionales y redefinición de alianzas. Reactivar ese sector no solo permitiría recuperar costos económicos, sino reposicionar el equilibrio energético del hemisferio.

Este punto será, sin duda, el más cuestionado. Las acusaciones de intervención, vulneración de soberanía y neocolonialismo aparecerán con fuerza desde distintos sectores ideológicos y gobiernos de la región. Los organismos multilaterales deberán pronunciarse, aunque es previsible que el debate se mantenga más en el terreno político y declarativo que en acciones concretas. La realidad es que la prolongación del statu quo había dejado a Venezuela sin salidas internas viables.

El argumento que sustenta esta intervención no se centra en un cambio de gobierno convencional, sino en la desarticulación de una estructura de poder que, según la narrativa dominante, habría capturado al Estado y lo habría vinculado con redes criminales de alcance transnacional. Este enfoque traslada el caso venezolano del ámbito estrictamente político al de la seguridad regional, un terreno donde las reglas y los tiempos son distintos.

A nivel internacional, el impacto va más allá de América Latina. Rusia y China observan el desarrollo de los acontecimientos con atención estratégica. No solo por sus intereses en Venezuela, sino por el precedente que este episodio establece en un mundo cada vez más multipolar. La pregunta no es si reaccionarán de inmediato, sino cómo este caso influirá en sus propios cálculos geopolíticos en otras regiones en disputa.

En el plano interno, el desafío es mayúsculo. La transición no será sencilla ni breve. Venezuela es hoy un país profundamente polarizado, con fracturas sociales, económicas y políticas acumuladas durante años. La reconstrucción institucional exigirá restablecer el Estado de derecho, garantizar procesos electorales creíbles y generar condiciones mínimas de confianza para una sociedad exhausta.

Un elemento adicional hace más complicado el escenario: el eventual retorno de millones de venezolanos que hoy viven fuera del país. Ese retorno no ocurrirá por discursos ni promesas. Solo se dará cuando existan oportunidades reales de empleo, seguridad, servicios básicos y estabilidad. Mientras tanto, una parte significativa de la diáspora mantendrá vínculos económicos, familiares y empresariales con su país de origen, convirtiéndose en un actor clave de la reconstrucción.

*El Dr. Francisco Ramírez Moreno es analista político latinoamericano, especialista en gobernabilidad y sostenibilidad.