Vencen plazos de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos

Los plazos establecidos para que estados y municipios avancen en la implementación de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos llegaron a su fin, por lo que ahora las autoridades locales enfrentan el reto de concretar las medidas de simplificación y digitalización previstas en el marco legal.

La legislación fue publicada el 16 de julio de 2025 y contempla, entre otros aspectos, la creación de Autoridades de Simplificación y Digitalización en las entidades federativas y municipios.

Ante el vencimiento de los plazos, la CONCANACO SERVYTUR México y sus Cámaras de Comercio comenzaron a solicitar información a autoridades locales sobre los avances, medidas implementadas y obligaciones que aún se encuentran pendientes.

La discusión no se limita a trasladar los trámites que anteriormente se realizaban en papel a plataformas digitales. Uno de los principales retos consiste en lograr que las bases de datos de las distintas dependencias puedan comunicarse entre sí, de manera que ciudadanos y empresas no tengan que presentar repetidamente información que ya se encuentra en poder del gobierno.

Digitalizar no es suficiente

La simplificación administrativa plantea reducir el número de trámites, requisitos y tiempos de resolución, además de ampliar la posibilidad de realizar gestiones en línea.

Entre las herramientas consideradas dentro de esta transformación se encuentran Llave MX, el Expediente Digital Ciudadano, el Portal Ciudadano Único de Trámites y Servicios y los mecanismos de interoperabilidad entre instituciones.

La meta nacional contempla que al menos 80% de los trámites pueda realizarse en línea, aunque el impacto de estas medidas dependerá de su implementación en los diferentes niveles de gobierno.

Para las empresas, una parte importante de los trámites se concentra en el ámbito municipal, donde se gestionan licencias de funcionamiento, uso de suelo, protección civil, permisos, anuncios, inspecciones y verificaciones.

La reducción de requisitos puede disminuir costos y tiempos de gestión, mientras que la digitalización puede reducir traslados. Sin embargo, la interoperabilidad entre dependencias es la que permitiría evitar que los negocios tengan que entregar los mismos documentos ante diferentes autoridades.

Ventanillas únicas buscan reducir duplicidades

Dentro de las herramientas para simplificar los procesos se encuentra la Ventanilla Única de Establecimientos Mercantiles y Negocios Familiares, diseñada para concentrar trámites relacionados con la apertura y operación de establecimientos.

El objetivo es reducir duplicidades, traslados y tiempos de gestión mediante una mayor coordinación entre las autoridades involucradas.

La implementación de este tipo de mecanismos representa uno de los puntos donde la política nacional de simplificación puede traducirse en efectos concretos para empresas y negocios, particularmente para aquellos que realizan de manera frecuente trámites ante gobiernos municipales.

Interoperabilidad, el siguiente reto

La agenda de simplificación forma parte de la política de transformación digital impulsada por la administración federal y cuenta con la participación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, encabezada por José Antonio Peña Merino.

El reto para estados y municipios será llevar estos principios a sus propios sistemas y procesos, de manera que la digitalización no se limite a crear nuevos portales, sino que permita compartir información entre instituciones y reducir gestiones repetitivas.

CONCANACO SERVYTUR señaló que dará seguimiento, a través de sus Cámaras en el país, a las respuestas de las autoridades y a los avances en materia de simplificación y digitalización.

“La simplificación dejó de ser una aspiración. Hoy existe un marco legal que debe traducirse en menos burocracia para quienes todos los días sostienen millones de negocios familiares en México”, señaló Octavio de la Torre Stéffano, presidente de la Confederación.

El avance de esta legislación se medirá, en buena parte, por su impacto en la operación cotidiana de empresas y ciudadanos: menos requisitos, menos traslados, menores tiempos de respuesta y una mayor coordinación entre las instituciones públicas.