Bajos niveles de registro en identificación de líneas telefónicas móviles son por incentivos desalineados

Rodolfo Ostolaza, analista en Grupo Financiero Banamex, señala que el nuevo esquema de identificación de líneas móviles se formalizó con los lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación en diciembre de 2025, entró en vigor en enero de 2026 y que a días del fin del plazo anunciado inicialmente para registrarse, 30 de junio, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) anunció nuevas fechas límite, escalonadas según el último dígito del número telefónico, repartidas entre agosto y diciembre de 2026.

En un análisis recuerda que el objetivo del nuevo esquema es asociar cada línea a una persona, física o moral, para combatir la extorsión y el fraude; sin embargo, a fines de junio el padrón acumula 63 millones de líneas, equivalentes a 43 .6 por ciento del total activo en el país, además de que solo 66 por ciento de los usuarios conoce la obligación y solo 45 por ciento de quienes la conocen ya registraron su línea.

El especialista recuerda que ya existieron dos intentos previos en México, el primero correspondió a un intento de generar un registro obligatorio, en febrero de 2009, para lo cual el Congreso reformó la Ley Federal de Telecomunicaciones para crear el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT), para vincular cada línea a un usuario y facilitar la trazabilidad de delitos como la extorsión.

El segundo intento, data de abril de 2021 con la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que elevó significativamente los estándares de identificación al exigir la vinculación de biométricos además de la CURP, con el objetivo de robustecer la trazabilidad de las comunicaciones móviles.

El tercer intento. Actual, inició en diciembre de 2025, cuando la CRT impulsó un nuevo esquema de registro, con ajustes relevantes respecto a las iniciativas previas. Se eliminó el uso de biométricos y la centralización de la base de datos por parte del Estado. Bajo este diseño, la información —nombre y CURP o RFC — permanece en los sistemas de las empresas operadoras y se valida con registros del INE y RENAPO.

Desde su punto de vista lo que cambió entre el RENAUT, el PANAUT y el padrón CRT no fue la tecnología, sino el reparto de incentivos: el costo siempre recae sobre el usuario, el beneficio siempre es colectivo y diferido, y el operador no tiene responsabilidad sobre el registro de su propia cartera.

De esta forma, el calendario escalonado que la CRT que dio a conocer es la confirmación de que el regulador movió la fecha sin tocar el incentivo.

El argumento de fondo es que el problema no está en cómo se ejecuta el padrón, sino en cómo está diseñado, ya que aún si el registro alcanzara al último prepago, la ruta del criminal seguiría abierta, mientras el peso de la desconexión cae, en proporción, sobre los hogares de menor ingreso, que son los más atados a una sola línea de prepago y los que apenas cruzaron el umbral de la banca móvil.

Asimismo, el instrumento golpea al usuario legítimo que no necesitaba disuadir y no alcanza al criminal que dice perseguir.

Ante ello, la salida requiere cambiar la pregunta: no quién usa la línea, sino a quién pertenece el aparato.

Por ello, un registro preventivo de dispositivos por IMEI, una responsabilidad real del operador sobre el cumplimiento de su cartera y una intervención quirúrgica en los doce penales que concentran el grueso del problema alinearían el costo con la capacidad de actuar. De otra forma, es probable que el resultado de la prórroga sea la desconexión de 26 millones de líneas al cierre del año, además de los costos ya mencionados.

De esta forma, el diseño de esta política asume que el usuario legítimo internalizará el costo del registro, que los operadores fungirán como mecanismos efectivos de inducción al cumplimiento y que los actores ilícitos no encontrarán canales alternativos para eludir la trazabilidad.

También señala los siguientes puntos a considerar: Los usuarios de prepago absorben el costo; las operadoras telefónicas podrían verse beneficiadas y la extorsión tiene un origen identificado.

¿Quién paga la cuenta?

La medida afecta más a hogares de menores ingresos, El 83 por ciento del mercado móvil corresponde a prepago, segmento sobre el cual recae en su mayoría la obligación activa de registro. De acuerdo con la ENIGH 2024, las recargas representan 1.7 por ciento del ingreso corriente del decil más bajo, frente a apenas 0.4 por ciento para el decil más alto. Además, el gasto en planes mensuales es mayor conforme crece el ingreso, representa 0.13 por ciento del ingreso corriente en el decil más bajo y 0.67 por ciento en el más alto.

Esto importa porque el pospago es el segmento que enfrenta menores fricciones de regularización, dado que una parte importante de esas líneas ya se encontraba identificada o fue incorporada con mayor facilidad en cargas masivas de actualización.

El problema distributivo se amplifica al observar la dependencia estructural del prepago en los hogares mexicanos, ya que más de 26 millones de hogares, equivalentes a dos de cada tres, dependen exclusivamente de líneas de recarga, sin respaldo de un plan de pospago. En los deciles de ingreso medio

Riesgo de exclusión financiera y digital. Para una proporción creciente de la población, la línea móvil es la puerta de entrada al sistema financiero formal.

Costo sectorial relevante ante una desconexión masiva. Al ritmo real de registro de las líneas de prepago, cerca de 26 millones de líneas llegarían a diciembre sin vincularse (las que enfrentarían la suspensión efectiva). La pérdida permanente para el sector, estimamos, sería cercana a 1,900 millones de pesos al mes.