¿Seguridad segura? La legalidad, clave para la estabilidad empresarial al contratar seguridad privada

Empresas que contratan servicios de seguridad irregulares se exponen a multas de hasta 5 millones de pesos, además de riesgos laborales y reputacionales.

En México, el sector de la seguridad privada enfrenta una paradoja: mientras su demanda crece, su formalidad sigue siendo limitada. De acuerdo con cifras oficiales, existen 6,263 empresas registradas en el rubro, pero por cada compañía formal operan hasta cuatro de forma irregular, lo que significa que cerca del 80% del sector trabaja al margen de la ley.

Esta situación no solo representa un riesgo legal para las empresas contratantes, sino también un problema social. Según el INEGI, el 54.9% de los trabajadores en México laboran en la informalidad; en el caso de los elementos de seguridad, el 24.9% carece de acceso a seguridad social, contratos formales o prestaciones básicas.

“Al contratar empresas irregulares, los clientes adquieren una problemática operativa, administrativa, jurídica y financiera. Por eso es fundamental que las compañías verifiquen que sus proveedores de seguridad estén completamente regulados”, advirtió Ynbal Adda, gerente general de Elim Seguridad Privada Intramuros.

La Ley REPSE establece sanciones de hasta 5 millones de pesos a las empresas que contraten servicios no registrados o fuera de la normativa, además de implicaciones legales y daños a su reputación.

La percepción de inseguridad en el país se mantiene alta: en el segundo trimestre de 2025, alcanzó el 63.2%, lo que refuerza la necesidad de contar con servicios profesionales y legalmente establecidos.

En este contexto, Adda subraya que el sector de la seguridad privada es un pilar económico que representa el 1.8% del PIB nacional y genera más de un millón de empleos directos, por lo que urge fortalecer su profesionalización y legalidad.

Como guía para empresas que buscan contratar servicios de seguridad confiables, Elim Seguridad presentó un decálogo que incluye revisar licencias, registro en REPSE, cumplimiento fiscal, afiliación a instituciones del sector y condiciones laborales del personal operativo.

“La seguridad no debe basarse en el costo más bajo, sino en la legalidad, la preparación del personal y el cumplimiento de la ley. Contratar barato puede salir muy caro”, concluyó Adda.