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PE busca equilibrar disciplina fiscal con gasto social e infraestructura

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PE busca equilibrar disciplina fiscal con gasto social e infraestructura

El Paquete Económico (PE) 2026 refleja el intento de la nueva administración por equilibrar un discurso de disciplina fiscal con una agenda ambiciosa de gasto social e infraestructura. Reitera el compromiso de lograr la consolidación fiscal, aunque que se ha venido aplazando en el tiempo, y deja evidencia de la falta de sostenibilidad de las finanzas públicas en el largo plazo, señalan Alejandra Marcos y Alberto Vargas, cabezas del área de análisis de Kapital Grupo Financiero.

A diferencia de años anteriores, este es el primer paquete diseñado completamente por la administración actual, y muestra un mayor grado de optimismo en sus supuestos frente al consenso de mercado.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) para 2026, documento que establece el marco macroeconómico para la elaboración de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo año.

De primera instancia, los supuestos macroeconómicos lucen sobreestimados, el optimismo del gobierno en sus supuestos de crecimiento, tipo de cambio e inflación implica riesgos latentes para el cumplimiento de las metas fiscales, especialmente si las condiciones globales o locales se deterioran o si surgen presiones internas que eleven el gasto.

Sin embargo y al margen de que ello, la historia reciente ha probado que el menor crecimiento en la economía no ha dislocado en gran medida el déficit fiscal. Aunque para este año fueron revisadas a la baja las cifras de crecimiento económico a un rango de entre 0.5 por ciento a 1.5 por ciento, y el déficit de 3.9 por ciento a 4.3 por ciento, no ha representado una variación que provoque un cambio en las calificaciones crediticias del soberano.

Adicionalmente, a pesar del menor crecimiento económico vale la pena destacar que la fiscalización y el programa de aduanas han traído buenos resultados en los ingresos provenientes del IVA e ISR, mismos que han aumentado en mayor medida que el crecimiento de la economía.

Si bien es cierto que los ingresos tributarios aumentan 6.3 por ciento en términos reales y representarían el 15.1 por ciento del PIB, la renuencia a implementar una reforma fiscal deja poco espacio para seguir incrementando la recaudación en el mediano y largo plazos, levantando cuestionamientos sobre la senda de sostenibilidad de las finanzas públicas.

Por otro lado, vale la pena destacar que las modificaciones en los impuestos a bebidas azucaradas afectan a la base de la población y no han probado desincentivar su consumo y traer grandes beneficios en los impuestos.

El aumento en el gasto de las pensiones contributivas y no contributivas seguirá siendo una presión estructural ante la falta de ingresos tributarios que respalden el crecimiento natural. El gasto de programas sociales asciende a 987 mil millones de pesos cercano al 3 por ciento del PIB.

Además, nuevamente hay recortes en sectores que no han sido prioritarios y que han descobijado a la población, por ejemplo, en el ejercicio del 2026 el gasto programado en salud es menor en 3.2 por ciento.

Con las cifras presentadas en el paquete económico, el margen de maniobra de la federación es sumamente estrecho, pues la suma de los programas sociales, el costo financiero, las pensiones y los recursos destinados a Pemex y a CFE representan casi la totalidad de los ingresos tributarios.

En cuanto al nivel de deuda a PIB las estimaciones de la SHCP lucen de igual manera optimistas, pues de acuerdo con la dependencia, se mantendrá en un nivel de 52.3 por ciento hasta el 2031. Sin embargo, en los últimos años (desde el 2019 al cierre del 2024) la deuda a PIB ha aumentado 8 puntos porcentuales.

Sin embargo, el ajuste en el déficit y un superávit primario son señales positivas para los mercados, aunque el cumplimiento de los objetivos dependerá en buena medida de un entorno macroeconómico favorable y de la continuación de una férrea recaudación. En este contexto, la credibilidad del marco fiscal y la ejecución eficiente del gasto serán fundamentales para sostener la confianza de los inversionistas y las agencias calificadoras.

La SHCP estima un crecimiento económico en un rango de 1.8 por ciento a 2.8 por ciento, con un escenario central de 2.3 por ciento, por encima del 1.4 por ciento estimado por analistas privados, lo cual se percibe como optimista, especialmente en un contexto global incierto y con debilidad en el consumo interno.

En términos de inflación, Hacienda proyecta una tasa anual de 3.0 por ciento, por debajo del 3.7 por ciento del consenso. En el mercado cambiario, se anticipa un tipo de cambio promedio de 19.3 pesos por dólar, mientras que al cierre del año se prevé en 18.9 pesos por dólar, en ambos casos por debajo del consenso de analistas, que estiman niveles cercanos a los 20.0 pesos.

La tasa de fondeo de Banco de México se estima en 6.0 por ciento, también por debajo del consenso (6.75 por ciento). En cuanto al sector energético, se proyecta un precio promedio de la mezcla mexicana de exportación de 54.9 dólares por barril, y una plataforma de producción de 1.8 millones de barriles diarios, esta última en línea con las estimaciones del mercado. Si bien el escenario macroeconómico da señales de optimismo, este representa la base para calcular los ingresos presupuestales, por lo que cualquier desviación puede impactar de forma significativa el balance fiscal del próximo año.

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