PA y Sectur firman convenio para fortalecer turismo comunitario

La Procuraduría Agraria (PA) y la Secretaría de Turismo (Sectur) firmaron un convenio de colaboración para fortalecer el turismo comunitario en ejidos y comunidades del país. El acuerdo fue formalizado por el titular de la Procuraduría, Víctor Suárez Carrera, y el subsecretario de Turismo, Sebastián Ramírez Mendoza.

Durante la firma, Suárez Carrera señaló que el turismo comunitario debe consolidarse como una alternativa de desarrollo justo, autogestivo y con identidad propia, que beneficie directamente a los núcleos agrarios. Subrayó la importancia de revalorizar el territorio como un bien colectivo, cultural, ambiental y económico, tras más de tres décadas de políticas orientadas al despojo y la mercantilización de la tierra social.

“El territorio en manos campesinas no está muerto: es el corazón vivo del México profundo”, afirmó el procurador, al tiempo que explicó que esta visión se alinea con el nuevo paradigma institucional impulsado por la Cuarta Transformación, que coloca a las comunidades en el centro de los procesos de planeación y gestión del desarrollo.

En ese marco, el turismo comunitario se plantea como una estrategia de defensa y aprovechamiento sostenible del territorio, reconociendo el papel clave de las asambleas, juventudes y mujeres en su preservación y desarrollo.

Como parte de este enfoque, la Procuraduría Agraria ha desplegado mil Centros de Atención Agraria (CDDA’s) en todo el país y ha transformado la figura de los visitadores en organizadores agrarios, con el objetivo de fortalecer la cohesión y autonomía local.

Por su parte, el subsecretario Sebastián Ramírez destacó que el convenio representa una acción inédita y urgente. “México es una potencia turística, pero históricamente las comunidades han sido desplazadas de sus territorios. Hoy el compromiso es distinto: el desarrollo debe tener rostro comunitario, con las comunidades como protagonistas del turismo en su propia tierra”, afirmó.

El convenio establece acciones conjuntas para la capacitación y certificación de proyectos de base comunitaria, así como su vinculación con políticas públicas de economía social, sostenibilidad y cultura.

Con este acuerdo, el Estado mexicano reconoce que la defensa del territorio agrario también pasa por generar alternativas de vida dignas, con arraigo e identidad.