SAT mantendrá facultades, pero Hacienda pide simplificar procesos

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó el Acuerdo 68/2026, un documento que establece criterios y lineamientos orientadores para mejorar la relación entre la autoridad fiscal y los contribuyentes, con el objetivo de fortalecer la inversión productiva y brindar mayor certidumbre jurídica a las empresas.

Aunque las disposiciones no modifican la legislación fiscal vigente ni limitan las facultades de fiscalización del Servicio de Administración Tributaria (SAT), especialistas consideran que representan una señal favorable para el entorno de negocios, especialmente en un contexto donde México busca atraer inversiones vinculadas al nearshoring y sectores estratégicos como manufactura avanzada, semiconductores y energías limpias.

Buscan reducir cargas administrativas y dar mayor certeza

De acuerdo con un análisis de la firma legal Baker McKenzie, el acuerdo plantea una serie de recomendaciones dirigidas a mejorar los procesos de auditoría, devoluciones fiscales y atención a contribuyentes.

Entre las principales medidas destaca la recomendación de realizar una sola auditoría fiscal por ejercicio y por contribuyente, mediante esquemas de revisión selectiva, con el fin de evitar procesos simultáneos que incrementen las cargas administrativas para las empresas.

Asimismo, se enfatiza el respeto al principio de no retroactividad y a los plazos legales de caducidad, elementos considerados fundamentales para fortalecer la seguridad jurídica.

Devoluciones de IVA y sellos digitales, entre las prioridades

Uno de los puntos más relevantes para el sector empresarial es el llamado a optimizar los procesos de devolución de saldos a favor del Impuesto al Valor Agregado (IVA), particularmente para empresas exportadoras y maquiladoras que dependen de la recuperación oportuna de estos recursos para mantener liquidez y operación.

El acuerdo también plantea que la restricción temporal de los Certificados de Sellos Digitales (CSD) sea utilizada como una medida de última instancia, privilegiando mecanismos preventivos y garantizando el derecho de audiencia de los contribuyentes.

Simplificación de trámites fiscales

Las nuevas directrices también promueven la reducción de tiempos para trámites relacionados con la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y la obtención de la firma electrónica (e.firma).

Además, se establece que los contribuyentes no deberían ser sancionados cuando incumplimientos o retrasos deriven de fallas técnicas en los sistemas del SAT.

Otro de los ejes contempla fortalecer la coordinación con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), organismo encargado de brindar apoyo y asesoría a los contribuyentes en controversias fiscales.

Señal positiva para la inversión

Especialistas señalan que, aunque las medidas tienen carácter orientador y no son de aplicación obligatoria, representan un mensaje relevante para el sector privado al promover una relación más colaborativa entre autoridades

y contribuyentes.

En un entorno marcado por la llegada de nuevas inversiones y la reconfiguración de cadenas globales de suministro, la previsibilidad regulatoria y la eficiencia administrativa son factores cada vez más valorados por empresas nacionales y extranjeras al momento de invertir en el país.