FINANZAS
Inclusión financiera requiere política pública integral
Especialistas y autoridades plantearon la necesidad de alinear regulación, tecnología y política social para fortalecer la inclusión financiera en México, con el objetivo de reducir la desigualdad, impulsar la movilidad social y construir un sistema económico más competitivo y resiliente.
La propuesta surgió durante el primer conversatorio del Ciclo de Finanzas Sociales, organizado por Financiera para el Bienestar (Finabien) en el marco de la Semana Fintech, donde se presentaron los resultados del estudio “Hacia una Política Pública para la Inclusión Financiera: Oportunidades y Retos para México”.
Persisten rezagos en acceso y uso de servicios financieros
El estudio, elaborado por SXXII. Derecho y Tecnología A.C., advierte que, aunque México ha avanzado en materia de inclusión financiera, persisten brechas importantes en acceso, uso, conectividad y coordinación institucional.
Actualmente, 76.5% de los mexicanos cuenta con al menos un producto financiero, mientras que 69.1% realiza pagos digitales, cifras que muestran avances, pero aún por debajo de otras economías de la región.
Durante el evento realizado en Ciudad de México, la directora general de Financiera para el Bienestar, Rocío Mejía Flores, señaló que para fortalecer la economía popular es necesario impulsar herramientas digitales accesibles y de bajo costo para pequeños comercios y prestadores de servicios.
“La digitalización no debe ser un privilegio, sino una herramienta accesible”, afirmó.
Cuatro ejes para una política pública de inclusión financiera
El panel fue moderado por Beatriz Durán, directora de Asuntos Institucionales y Comunicaciones de Puntored, quien destacó que el estudio se basa en cuatro ejes principales:
- La salud financiera de la población mexicana.
- Los beneficios económicos y sociales de la digitalización financiera.
- La comparación regulatoria entre México y Brasil.
- La necesidad de una política pública integral.
El análisis fue desarrollado por especialistas vinculados a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y al Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Brechas en mujeres, zonas rurales y uso del efectivo
Los investigadores Alejandra Cullen, Álvaro Vértiz, Víctor G. Carreón y Pedro Salazar Ugarte identificaron varios retos estructurales para la inclusión financiera en el país.
Entre los principales hallazgos destacan:
- Rezago en el acceso y uso de servicios financieros entre mujeres y comunidades alejadas.
- Alta dependencia del efectivo en las transacciones cotidianas.
- Uso extendido del ahorro informal.
- Barreras tecnológicas por falta de conectividad.
- Falta de coordinación regulatoria entre instituciones.
De acuerdo con Alejandra Cullen, la inclusión financiera no debe medirse únicamente por la apertura de cuentas, sino por su uso efectivo.
“Inclusión no es abrir cuentas; inclusión es uso, confianza y capacidad de generar movilidad económica”, señaló.
Predominio del efectivo en las transacciones
El estudio también revela que 85% de las transacciones menores a 500 pesos se realizan en efectivo, mientras que 73% de las compras mayores también se pagan de esta forma. En zonas rurales, esta proporción supera el 90%.
Además, muchas personas deben invertir tiempo y dinero para retirar apoyos gubernamentales o remesas en efectivo, situación que afecta a cerca del 45% de las familias en México.
Este fenómeno, señalaron los especialistas, puede propiciar riesgos asociados al lavado de dinero, evasión fiscal, informalidad económica e inseguridad, como robos o circulación de billetes falsos.
Regulación flexible y adopción tecnológica
En el análisis comparativo con Brasil, los especialistas señalaron que ese país ha logrado avances significativos en inclusión financiera gracias a una regulación más flexible y a la adopción masiva de pagos digitales.
Actualmente, 84% de la población brasileña cuenta con un producto financiero, y sistemas como Pix han permitido ampliar el acceso y el uso de servicios financieros digitales.
En contraste, en México la adopción de herramientas como SPEI, CoDi y DiMo sigue siendo limitada.
Los especialistas concluyeron que la inclusión financiera debe asumirse como una política económica de largo plazo, que combine regulación adecuada, innovación tecnológica y educación financiera para mejorar la vida de millones de personas.
