CNDH una aprobación sin aprobación

A partir de una encuesta inverosímil, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) divulga que  el 71 por ciento de los mexicanos considera que sí protege los derechos humanos.

Esto significaría que una gran mayoría de los habitantes de este país se siente protegido y cubierto por la ley en su persona y patrimonio por una institución que nació para eso: para la defensa humana frente a los excesos y los agravios del poder. Si. Pero no.

En primer lugar, de la famosa encuesta se sabe poco, esto es así porque la misma CNDH no presenta la metodología utilizada para levantarla, no presenta el universo que cubrió, cómo, dónde, en qué momento, a quiénes y cuántos en su espectro social, cultural, geográfico, así como quiénes levantaron esa investigación y si son confiables o no… Tan sólo se sabe que este resultado proviene de la Encuesta Nacional de Opinión Pública 2025…

Sin embargo la CNDH difunde estos resultados haciendo gala de ese 71 por ciento de aprobación como si en verdad ocurriera en los hechos. El tema es claro, aun cuando este resultado fuera probado y comprobado, no es con encuestas como se soluciona el problema de la defensa de los derechos humanos en nuestro país.

No se trata de presentar a un héroe cuyas hazañas están ocultas o son inexistentes. No se trata de garantizar que los derechos humanos en México son una tarea cumplida por una institución que nació autónoma del poder político y económico mexicanos.

Y es que ese es uno de los grandes temas hoy mismo: su autonomía del gobierno, del poder político, los que tienen tendencias a anular el ejercicio que legalmente tiene encomendada la CNDH.

Es más que evidente que a partir de la llegada de la señora Rosario Piedra Ibarra, la CNDH se ha convertido en una entelequia prácticamente inexistente para otorgar al gobierno su silencio, con lo que se anula como agente del bien y sin la defensa del pueblo. ¿No que el pueblo es primero?

El origen del Ombudsman –que es el defensor el pueblo-, es largo y ha sido motivo de una gran lucha histórica y legal entre el poder político y la sociedad que le da sentido.

El antecedente del Ombudsman surgió en Suecia a principios del siglo XVIII, cuando el rey

Carlos XII instituyó mediante la Orden de Cancillería del 26 de octubre de 1713 la figura del Comisario Supremo del Rey, con el fin de controlar a los funcionarios de su reinado en su ausencia.

El nacimiento formal del ombudsman tuvo lugar en el artículo 96 de la Carta Magna sueca de 1809; surgió entonces un nuevo sistema constitucional bajo el marco de división de poderes, en el que el Parlamento, facultado con plenos poderes, delimitó y diferenció a las dos instituciones:

1.- El canciller de justicia controlaría la administración del Estado, al servicio del rey; 2.- El Justitie-Ombudsman, debería ser independiente del gobierno, protegería a los ciudadanos contra los actos de la administración pública. Es ahí donde radica su fortaleza, la confianza social y su efectividad: la independencia del gobierno.

Esta figura y su espíritu impactó en distintos países que en distinto momento la incluyeron en sus constituciones para garantizar el buen hacer de gobierno y, en caso de que no fuera así, existiera una institución autónoma, ecuánime y justa que controlara todo abuso de poder.

En México el 13 de febrero de 1989 dentro de la Secretaría de Gobernación se creó la Dirección General de Derechos Humanos. Un año más tarde, el 6 de junio de 1990, por decreto presidencial cambiaría su nombre por el de Comisión Nacional de Derechos Humanos, constituyéndose como un organismo desconcentrado de dicha secretaría.

El 28 de enero de 1992 se elevó a ésta a rango constitucional bajo la naturaleza jurídica de un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio; para el 13 de septiembre de 1999, se constituyó como una institución con plena autonomía de gestión y presupuestaria, modificándose la denominación a Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para cumplir con su función de proteger y defender los derechos humanos.

En todo momento quedó claro que es una institución con plena autonomía de gestión y de recursos. Y la autonomía significa no responder a intereses de ningún gobierno, régimen o partido político en la defensa de esos derechos humanos.  

Aquella institución que fue ejemplo de probidad, de eficiencia, de cobijo y exigencia de justicia y protección humana por muchos años y por muchos de sus presidentes de excelencia, hoy se ha desdibujado. La CNDH existe en el membrete, pero ya no en su espíritu y responsabilidad de origen.

La mayoría de los mexicanos ya no cuenta con esta Comisión para su defensa. Los mexicanos están a la deriva. Indefensos. Inermes.

Las madres buscadoras no tienen cabida ahí; los niños con cáncer dañados aún más por la falta de medicamentos que el gobierno debe proveer con recursos públicos es un atentado a sus derechos humanos. La falta de medicamentos. La falta de médicos… de hospitales…

Los excesos de las autoridades de justicia pasan “inadvertidas” también; fenómenos criminales en los que están involucrados agentes de gobierno son inexistentes para la CNDH de hoy, la de nunca jamás. Abusos de gobierno. Funcionarios de la ley atrabiliarios y abusivos…  

Naturalmente esto no se va a solucionar durante esta gestión a la que llegó por segunda ocasión la actual presidenta de la CNDH. Recordar que llegó mediante apoyos extraordinarios en contraposición a la propuesta de renovación que propuso la presidente Claudia Sheinbaum.

Pero ahí están, cantando glorias improbadas e improbables. Se engañan a sí mismos y quieren engañar a los mexicanos que saben la verdad. ¿Hasta cuándo? ¿Quién tiene la razón ahí? ¿Es una institución querida por los mexicanos en este momento? ¿Es una CNDH que defiende a los humanos y sus derechos?…

Vaya pues, que en cuanto a la Defensa de los Derechos Humanos,  los mexicanos estamos más solos que el número 1.