Apuesta industria automotriz por nueva ley de movilidad

Representantes de la industria automotriz y autotransporte aplaudieron la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y señalaron que es indispensable impulsar la sostenibilidad que contribuya con el medio ambiente y el bienestar social; lo que incluye la revisión de emisiones contaminantes, revisiones de las condiciones fisicomecánicas de los vehículos, con base en las Normas Oficiales Mexicanas y que estas normas se apliquen en todo el país.

Al fijar la postura del sector, representantes de la AMDA, AMIA, Anpact, ANTP, Canacar, Canapat, Canacintra, Conatram e INA, destacaron la necesidad de contar con la infraestructura que permita una eficiente conectividad de la red vial, que tome en cuenta los criterios de regulación de la velocidad en los vehículos, la señalización en las calles y carreteras, la prioridad de paso, y paradores seguros y visibles.

Se pronunciaron a favor de que las modalidades de circulación para vehículos sean acordes con dicha Ley y que las personas usuarias de vehículos tengan la certeza acerca de la normatividad aplicable, así como homologar los criterios de aplicación de la ley y evitar la sobrerregulación y el ejercicio de actos que afecten el transporte de personas, mercancías, de pasaje y turismo.

En el marco del 22 Encuentro Nacional de Autoridades de Movilidad organizado por la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM), en conjunto con el Gobierno de Yucatán, Erika Ruiz de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA), indicó que “igual que en decenas de países, es fundamental la implementación de la revisión de condiciones fisicomecánicas a todos los vehículos, misma que puede ser instrumentada en conjunción la verificación de emisiones contaminante para abatir considerablemente los costos”.

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Fausto Cuevas de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), exhortó a “los tres órdenes de gobierno a mantener y garantizar el principio de legalidad en cuanto a las disposiciones de la LGMSV para efecto de la armonización de las Leyes estatales y otros ordenamientos, con el fin de evitar controversias legales y tener una coordinación eficiente y efectiva que atienda las distintas competencias de las autoridades involucradas”.

El industrial pidió la participación del sector automotriz y colaboración en la generación de las políticas públicas que tengan como fin la renovación vehicular tanto de vehículos ligeros, como de transporte público y privado de carga y pasaje.

Miguel Elizalde de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (Anpact), dijo que “para lograr una movilidad más segura, eficiente y responsable con el medio ambiente, es fundamental impulsar una estrategia de renovación vehicular del transporte público y de carga a escala nacional y estatal, que permita acceder a financiamiento, incentivos verdes y estímulos fiscales”.

Indicó que es fundamental contar con la información confiable, consistente y oportuna sobre la flota de vehículos pesados matriculados (autobuses, camiones y tracto camiones) por entidad federativa, para impulsar los planes de renovación vehicular.

Patricia Vizcaya de la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), indicó que “el autotransporte de carga enfrenta retos ante la LGMYSV, por lo que es necesario eliminar la sobrerregulación al autotransporte federal de carga en estados y municipios; difundir información estadística de siniestralidad en carretera; contar con paraderos seguros y fomentar la cultura y educación en movilidad y seguridad vial”.

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Refugio Muñoz de la Cámara Nacional Cámara Nacional del Autotransporte de Crga (Canacar), destacó para la cámara las reformas que se deriven e implementen a partir de la LGMYSV, “deberán estar orientadas a garantizar el derecho constitucional a la movilidad, en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. Las disposiciones que lo limiten, restrinjan o sobre regulen deberán considerarse inconstitucionales”.

Por ello, añadió que las legislaciones estatales y la federal deben contemplar la creación necesaria de centros de formación de conductores, quienes además deberán desarrollar campañas permanentes de seguridad vial hacia toda la sociedad.