CURP biométrica: debate entre eficiencia y control

La discusión sobre la Reforma Electoral y la incorporación de la CURP biométrica dejó de ser un tema técnico para convertirse en un debate político sobre libertades ciudadanas, seguridad y confianza en el sistema democrático.

El gobierno sostiene que esta herramienta permitirá agilizar trámites, mejorar la atención a víctimas y fortalecer la búsqueda de personas. No obstante, críticos, colectivos y especialistas advierten que la medida podría derivar en una infraestructura de vigilancia masiva.

Según la hoja de ruta oficial, la CURP biométrica será opcional a partir de octubre de 2025, pero se prevé su emisión generalizada en enero de 2026 y su obligatoriedad en febrero, lo que plantea dudas sobre el carácter voluntario de la disposición.

Norberto Maldonado, experto en ciberseguridad, reconoce los beneficios operativos de la biometría, como la verificación de identidades y búsquedas más rápidas, pero advierte que esos beneficios dependen del diseño institucional. “Sin límites claros y supervisión independiente, la biometría se convierte en una puerta a abusos: la obligatoriedad y la centralización de datos son dos líneas rojas”, señaló.

Las preocupaciones principales giran en torno a la centralización de información sensible, la falta de auditorías externas, el debilitamiento de órganos de fiscalización como el INAI y el riesgo de exclusión de sectores vulnerables por la brecha digital.

Más de un centenar de colectivos y familias de personas desaparecidas han rechazado la iniciativa, al considerar que no atiende las causas estructurales de la crisis forense y de búsqueda, y que se limita a concentrar datos sin fortalecer las instituciones responsables.

Para especialistas, la clave está en implementar auditorías externas, límites claros de acceso a datos por parte de fuerzas de seguridad, mecanismos de transparencia y rutas alternativas para quienes no puedan o no quieran entregar sus datos biométricos.

En un país con antecedentes de espionaje, uso cuestionable de tecnologías de vigilancia y un incremento anual del 65 % en ataques de ransomware, los expertos coinciden en que la discusión debe centrarse en construir salvaguardas institucionales que garanticen derechos y fortalezcan la confianza ciudadana.