Reforma judicial afectaría inversión

La calificadora Fitch Ratings considera que las reformas judiciales propuestas en México podrían afectar negativamente el apetito de inversión y el entorno de negocios de las empresas no financieras, si su implementación impide la autonomía y calidad del sistema judicial.

En un estudio sobre el tema, acota que pese a lo anterior las empresas mexicanas mostrarán resiliencia en medio de la incertidumbre planteada por las recientes elecciones, y es probable que las métricas crediticias se mantengan dentro de las expectativas de calificación.

Opinan que estas reformas en general afectarían negativamente el perfil institucional de México, pero es demasiado pronto para evaluar la gravedad potencial antes de su aprobación e implementación. La gobernabilidad de México ya es relativamente débil, con el Indicador de Gobernabilidad Mundial del Banco Mundial en el percentil 32, que está muy por debajo de la mediana ‘BBB’ del percentil 58.

La posibilidad de inminentes reformas económicas, regulatorias y judiciales en México ha provocado una mayor incertidumbre entre los inversores y una mayor volatilidad del mercado a corto plazo.

El peso mexicano se depreció frente al dólar estadounidense hasta un 10% después de las elecciones, aunque el shock inicial se ha revertido a medida que los participantes del mercado han moderado las preocupaciones sobre los resultados de las elecciones. Además, la aversión al riesgo aumentó entre los inversionistas, lo que provocó que el rendimiento del bono mexicano a 30 años aumentara de 9.82% el 31 de mayo a 10.31% el 16 de julio.

Ambas tendencias pueden tener un impacto negativo en la generación de flujo de caja y en las métricas de apalancamiento de las empresas debido al mayor gasto por intereses y al efecto negativo de la depreciación de la moneda sobre la demanda y ciertos costes.

Las empresas orientadas a la exportación pueden ganar competitividad a medida que el peso se deprecia, pero esta ventaja podría ser efímera si el entorno empresarial general se deteriora a mediano y largo plazo. Nuestra cartera de empresas no financieras calificada se enfrenta a vencimientos de deuda holgados en 2025, pero pueden surgir mayores desafíos de refinanciación en 2026.

Un deterioro sustancial del marco judicial actual o un debilitamiento de los controles y equilibrios gubernamentales podrían moderar el apetito por la inversión nacional y extranjera si se considera que el entorno regulatorio y el marco legal son inciertos.

Esto puede afectar las oportunidades de nearshoring que acercan la fabricación al mercado final de EE. UU., particularmente para los sectores con exposición a la manufactura, las industrias orientadas a la exportación y los bienes raíces industriales.

Bajo este escenario, las empresas mexicanas enfrentarían un entorno operativo de menor crecimiento económico (aunque este es más pesimista que nuestra línea base actual) debido a una disminución en la actividad empresarial y la creación de empleo que podría afectar negativamente las métricas clave de desempeño financiero, incluyendo el crecimiento y la rentabilidad.

Además, prevén que los participantes del sector privado estarán más preocupados si se aprueba el Poder Judicial, ya que podría favorecer a las empresas estatales sobre las entidades privadas. Las decisiones de la SCJN han jugado un papel clave en la protección de las empresas frente a iniciativas relacionadas con el Estado o las agencias fiscales, como fue el caso cuando la SCJN otorgó protección a las empresas contra las reformas constitucionales en el sector eléctrico o emitió un amparo para evitar el pago de impuestos exigido por las autoridades mexicanas.

Agrega que los resultados de las elecciones generales de junio de 2024 señalan una amplia continuidad política y consolidan el amplio apoyo político del partido MORENA, los resultados sugieren que este partido junto con sus aliados, puede obtener suficiente apoyo legislativo para aprobar enmiendas constitucionales porque su coalición logró una supermayoría en la Cámara de Diputados, pero se quedó corta por dos escaños de los 86 necesarios para una similar en el Senado.

Se presume que las reformas, que probablemente se aprobarán en septiembre, tienen como objetivo mejorar la equidad y la eficiencia del proceso judicial y eliminar la percepción de corrupción de los tribunales. La reforma judicial propuesta más significativa reemplazaría la selección presidencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados y jueces locales de distrito por elección por voto popular.

Sin embargo, las modificaciones en el método de selección de los jueces han suscitado preocupaciones de los inversores sobre la imparcialidad judicial para resolver conflictos entre las autoridades gubernamentales y las empresas.

Además, el aumento de la influencia de MORENA podría cambiar el equilibrio de poder entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del estado hacia el presidente, lo que permitiría un posible debilitamiento de los controles y equilibrios.