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Colegio de Notarios y Poder Judicial buscan mejorar mediación
El Poder Judicial de la Ciudad de México y el Colegio de Notarios de la Ciudad de México firmaron un convenio de colaboración, con el fin de fortalecer la mediación entre las instancias.
En un comunicado, indicaron que las instancias son garantes de la seguridad jurídica y el Estado de derecho, los une la tarea del fortalecimiento de la justicia alternativa y la cultura de la mediación.
“No hay justicia más consumada que la que nace de la fuente del conflicto. Paradójicamente, el origen y la solución de todo conflicto converge en las mismas personas, pero parece que la humanidad se aleja cada vez más de su propia capacidad para encontrarse a sí misma en la justicia”, dijo al respecto el magistrado Rafael Guerra Álvarez.
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Recordó que el órgano judicial capitalino ha emprendido un importante proceso de renovación histórica para evolucionar a la par de la humanidad y sus aspiraciones de orden paz y justicia, y precisó que la mediación, y los demás medios alternativos de solución de controversias, no pueden quedar atrás.
El notario Luis Antonio Montes de Oca Mayagoitia consideró que el convenio firmado se traducirá en trabajo coordinado y cooperación en beneficio de ambos gremios; pero fundamentalmente, abundó, en beneficio de la ciudadanía.
“Uno de los objetivos de la justicia alternativa es solucionar conflictos a través del diálogo entre las personas involucradas anteponiendo valores como la buena voluntad, la cooperación y la comunicación”, dijo.
La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, y quien explicó dos iniciativas de ley que impulsa tendentes a lograr la autonomía presupuestal de los poderes judiciales y llevar por primera vez al notariado y la fe pública al plano constitucional, el magistrado afirmó que se trata de un convenio que representa la sinergia y cooperación que hay entre ambas instituciones, pero sobre todo la suma de sus invaluables capitales humanos por la causa y la virtud de la justicia.
La senadora dijo que plantea establecer un estándar nacional mínimo para implementar y fortalecer la carrera judicial, la inamovilidad de jueces, así como el establecimiento de mecanismos más transparentes de designación de recursos, pero sobre todo la autonomía presupuestal que tanto requieren los tribunales de las entidades federativas.