Cambios fiscales en 2026 afectarían al sistema financiero, señala EY

La Miscelánea Fiscal 2026 incorpora cambios relevantes para el sector financiero que podrían traducirse en mayores costos para los consumidores, particularmente en primas de seguros y financiamiento bancario, de acuerdo con un análisis elaborado por EY, firma líder en servicios profesionales de auditoría, impuestos, consultoría, estrategia y transacciones.

El estudio subraya la importancia de analizar los efectos estructurales de la reforma, ya que sus implicaciones no solo impactan la recaudación fiscal, sino también el funcionamiento del sistema financiero y el acceso a servicios clave para personas y empresas.

De acuerdo con Allen Saracho, Socio Líder de Impuestos para el Sector Financiero de EY México, “es importante analizar y discutir los ajustes que conlleva la reforma fiscal 2026 para los servicios financieros y la transformación del régimen tributario para aseguradoras y bancos”.

Aseguradoras: el IVA en indemnizaciones se convierte en un costo directo

Uno de los cambios más relevantes de la reforma se concentra en el sector asegurador. A partir de 2026, las aseguradoras ya no podrán acreditar el IVA pagado en bienes o servicios utilizados para indemnizar a los asegurados, como reparaciones, hospitalizaciones o reposiciones.

Este IVA dejará de considerarse un crédito fiscal y pasará a ser un costo operativo directo para las compañías. De acuerdo con estimaciones del sector, esta modificación podría traducirse en incrementos de entre 10% y 20% en las primas de seguros de auto y de gastos médicos mayores.

“Ese IVA deja de ser un crédito fiscal y se convierte en un costo directo para las aseguradoras, lo que podría deteriorar sus márgenes operativos. La consecuencia es que ese costo se trasladará, total o parcialmente, a los consumidores finales mediante un incremento en las primas”, explicó Saracho.

Banca y crédito: reglas más estrictas para deducción de incobrables

La Miscelánea Fiscal 2026 también introduce cambios significativos para las instituciones de crédito, particularmente en la deducción de créditos incobrables.

Entre los principales ajustes destacan:

• Homologación de normas: el trato especial que permitía a los bancos deducir pérdidas crediticias bajo reglas particulares será sustituido por la aplicación de normas generales.
• Mayores requisitos: la deducción solo procederá cuando se acrediten condiciones administrativas o judiciales específicas, como la prescripción o la “notoria imposibilidad práctica de cobro”.

Este endurecimiento podría incrementar la incertidumbre jurídica y elevar el costo del riesgo crediticio, lo que eventualmente se reflejaría en un financiamiento más caro o más limitado. Las instituciones bancarias podrían optar por exigir mayores garantías, aplicar tasas más altas o reducir plazos, afectando principalmente a PYMES, personas físicas y quienes buscan adquirir vivienda.

Llamado a un análisis integral

El análisis de EY concluye que los cambios fiscales podrían derivar en primas más altas, acceso más restringido al crédito y un posible desaliento a la inversión y expansión empresarial.

“Conviene llevar a cabo un debate amplio que considere no solo la recaudación fiscal, sino también los costos sociales y económicos derivados de estas medidas. Es prioritario que legisladores, reguladores, aseguradoras, bancos, empresas y consumidores evalúen estrategias de mitigación, incentivos a la inclusión financiera y políticas públicas que fomenten el acceso a seguros y crédito”, concluyó Allen Saracho.