Nueva ley de vivienda en CDMX: buenas intenciones, riesgos en la ejecución

La nueva ley de vivienda en la Ciudad de México, aún sin publicarse oficialmente, ya genera expectativas y cautela entre especialistas del sector inmobiliario. Durante un panel con representantes de la industria, coincidieron en que el cambio de reglas apunta a un nuevo modelo con mayor intervención del gobierno, pero también abre interrogantes sobre su viabilidad.

El contexto no es menor: la alta rotación en la Secretaría de Desarrollo Urbano —con ocho titulares en los últimos años— ha debilitado la continuidad en las políticas públicas. Con la llegada de Enrique Irazoque, los actores del sector esperan mayor claridad, pero sobre todo estabilidad en las reglas del juego.

Un giro: el gobierno como desarrollador

Roberto Barrios, ex presidente de AMPI, explicó que la nueva ley plantea un cambio de paradigma: el Estado no solo regularía, sino que participaría directamente en la producción de vivienda, incluso utilizando recursos financieros como parte de los ahorros del sistema.

El modelo incluye la posibilidad de desarrollar vivienda en renta, especialmente dirigida a jóvenes sin acceso a crédito hipotecario. Desde el punto de vista social, la medida es positiva, reconoció, pero advirtió que los tiempos de ejecución podrían ser más largos de lo previsto. “El concreto no fragua por decreto”, resumió, aludiendo a los procesos técnicos, administrativos y de infraestructura que implica cualquier proyecto.

El riesgo de frenar en lugar de detonar

Rubén Cors, director de operaciones de Comvive, subrayó que el éxito de la nueva ley dependerá de factores estructurales: certeza regulatoria, incentivos adecuados, inversión en infraestructura y procesos ágiles.

Advirtió que sin estos elementos, la intervención gubernamental podría generar el efecto contrario al deseado: frenar el desarrollo en lugar de impulsarlo. “Si no hay coordinación, lo que tendremos serán acciones desarticuladas que pueden empeorar el problema”, señaló.

El especialista insistió en que la política de vivienda debe ser integral e incluir a todos los actores: desarrolladores, financiamiento, autoridades locales y el mercado de vivienda en renta y usada.

Regulación sí, pero con reglas claras

Desde la administración inmobiliaria, Laura Zazueta consideró que la regulación es necesaria y bienvenida, siempre que esté bien definida. Destacó que programas enfocados en jóvenes pueden ser una solución relevante, pero requieren lineamientos claros para funcionar.

En su visión, la clave está en evitar ambigüedades: “con reglas claras podemos avanzar todos”, afirmó.

Certeza jurídica y coordinación, los pendientes

Felipe Cuevas, presidente de AMPI Ciudad de México, apuntó que el espíritu de la ley es positivo al buscar mayor accesibilidad y atender a grupos vulnerables. Sin embargo, subrayó que el principal desafío será llevar el discurso a la práctica.

Entre los obstáculos destacó la falta de coordinación entre niveles de gobierno y las dificultades en la obtención de permisos. Incluso con esquemas como la ventanilla única, las alcaldías pueden frenar proyectos por requisitos adicionales, lo que prolonga los tiempos de desarrollo.

Además, advirtió que la ciudad necesita repensar su modelo urbano. Con un promedio de baja densidad, existe margen para crecer verticalmente y aprovechar mejor la infraestructura existente.

Un cambio necesario… pero no inmediato

Los participantes coincidieron en que la nueva ley reconoce un problema real: el enorme déficit de vivienda en la capital. No obstante, también dejaron claro que su solución no será inmediata.

Sin certeza jurídica, procesos más ágiles y una verdadera coordinación entre autoridades y sector privado, el riesgo es que la reforma se quede en buenas intenciones. Porque, como quedó claro en el panel, construir vivienda no depende solo de la ley… sino de hacerla viable en la práctica.