Con reforma eléctrica AMLO heredará litigios: ICC

La International Chamber of Commerce México (ICC México), advirtió que, de aprobarse la iniciativa de reforma eléctrica, tal y como la mandó al Congreso el Presidente Andrés Manuel López Obrador, al ser una expropiación directa, comprometería al país, a los mexicanos y a la siguiente administración a pagar hasta 20 veces la inversión de privados en el sector energético por indemnizaciones, estimados actualmente en 44,000 millones de dólares.

Gabriela Álvarez Ávila, presidenta del Comité de Arbitraje de Inversión de la ICC, anticipó que los litigios internacionales a los que será sometido México, podrían durar hasta 4 años por lo que los daños no serían pagados por el presente gobierno quien no lidiará con los laudos y serán los mexicanos quienes carguen con esa merma.

“Aun cuando tampoco se contempla una expropiación directa para evitar las indemnizaciones, la inanición económica de las empresas y los proyectos mediante la cancelación de los permisos de producción, los contratos de compraventa de energía y de auto abasto, celebrados con particulares así como la cancelación de certificados de energía limpia, si continuaría una expropiación indirecta en el sector, al poner en riesgo el valor de las inversiones como resultado de actos de gobierno que incluyen cambios regulatorios en el sector”, indicó.

Dijo que es claro que procederá la protección a la inversión, contenida en los diferentes tratados firmados por México, incluso, si un país considerara que la violación a los acuerdos es de gran perjuicio para los inversionistas, podría darse un litigio estado-estado, incluyendo la afectación mediante la imposición de aranceles.

Además, indicó que el problema de reputación internacional para la Nación tampoco es un asunto menor porque provocará incertidumbre y pone en riesgo la confianza de la inversión extranjera directa en México y el consiguiente aislamiento de nuestro país del resto de la economía mundial, al atentar contra el Estado de Derecho, al violentar principios constitucionales de universalidad como interdependencia, indivisibilidad y progresión en materia de derechos humanos, además de una evidente antinomia, incongruencia y oposición constitucional respecto de aspectos de igualdad y no discriminación.

“Además , derecho a la salud y a un medio ambiente sano, desarrollo integral y sustentable, prohibición de leyes privativas, retroactividad, seguridad jurídica, garantía de audiencia, impartición de justicia, propiedad privada, libre competencia y concurrencia, proporcionalidad, racionalidad, confianza legítima y competitividad”, indicó.

Mientras que en el plano internacional, la iniciativa violenta principios insertos en los instrumentos internacionales que incluyen Trato Nacional, Nación Más Favorecida, Acceso a Mercados, Requisitos de Desempeño y Presencia Local, Asistencia No Comercial, Medidas Disconformes y Comercio Transfronterizo de Servicios, Inversión y Empresas de Propiedad del Estado y Monopolios Designados, entre otros, todo diseñados para prevenir acciones arbitrarias de los Estados Parte, que afecten el comercio y las inversiones de sus socios comerciales.

El organismo que opera en 130 países, incluido México, señaló además que, ya se está registrando una salida de inversores de nuestro país, toda vez que distintos portafolios están comenzando a operar en Centro y Sudamérica, en materia de energía renovables y con esta ley eléctrica, está clara la política destructiva del medio ambiente contenida en la reforma a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales que está alejada de la casualidad y es parte de un diseño normativo de la actual administración, mediante la cual pretende utilizar las grandes cantidades de combustibles fósiles, incluido el combustóleo que tiene almacenados, debido a que el año pasado dejó de utilizarse cuando entró en vigor el Convenio internacional para prevenir la contaminación del mar por los buques.

Por ello, la ICC México hace un atento y respetuoso llamado a los legisladores en el Congreso de la Unión para poner un alto a la iniciativa de reforma constitucional enviada desde la Presidencia de la República, porque significa no sólo una simple modificación a la Carta Magna, sino quitar a México la visión de modernidad que poco a poco se venía registrando en los más recientes años y en los cuales se habían sentado las bases para entrar al Primer Mundo en aspectos de manejo del medio ambiente.