CICM urge instrumentos financieros para atender daños y pérdidas por desastres

Los desastres naturales, en particular los sismos, deben abordarse como un fenómeno multifacético que requiere una diversidad de instrumentos financieros, ya que no existe una sola vía para obtener y ejercer recursos de manera efectiva. Así lo señalaron Naxhelli Ruiz Rivera, investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM, y Julio César Fuentes Quezada, consultor en Economía Urbana, durante la conferencia “Impactos sociales y financieros de los sismos en la seguridad estructural de las edificaciones”, realizada en las instalaciones del Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM).

En su mensaje de apertura, Mauricio Jessurun Solomou, presidente del XL Consejo Directivo del CICM, destacó que las experiencias recientes en México y en otros países han demostrado que los sismos no solo generan daños técnicos, sino también impactos sociales, económicos y financieros que condicionan la capacidad de recuperación y resiliencia de las ciudades. Señaló que los daños visibles en una estructura representan solo una parte del costo real de un desastre, ya que a ellos se suman pérdidas derivadas de la interrupción de actividades productivas, la falta de servicios y los prolongados procesos de reconstrucción.

Daño y pérdida: dos conceptos clave

Durante su intervención, la doctora Ruiz Rivera explicó la diferencia entre daño y pérdida. El daño se refiere a las afectaciones materiales cuantificables de forma inmediata tras un siniestro, considerando la magnitud física y el valor de reposición de los bienes afectados. La pérdida, en cambio, es un concepto de mayor alcance, vinculado a la respuesta social y política ante el desastre, e incluye los bienes y servicios que dejan de producirse mientras el daño no ha sido reparado.

En este sentido, la especialista distinguió entre reconstrucción, asociada a la reposición material de la infraestructura dañada, y recuperación, que implica la reactivación económica, los negocios, los medios de vida y aspectos sociales como la salud o la migración forzada. Subrayó que, mientras el daño permite estimar costos con relativa claridad, en muy pocos países existe una contabilidad sistemática de las pérdidas a mediano y largo plazo.

Instrumentos financieros para cada etapa del desastre

Ruiz Rivera destacó que la atención de los desastres requiere distintos instrumentos financieros según la fase en la que se encuentre el evento. En la etapa de prevención, mencionó fondos de resiliencia, instrumentos de captura de plusvalía e incentivos fiscales; en preparación, fondos de adaptación; en respuesta, bonos catastróficos, fondos de desastres y seguros públicos y privados; y en recuperación, impuestos ex post, instrumentos de captura de plusvalía para reconstrucción y bonos catastróficos condicionados.

En el caso de México, explicó que el país cuenta con mecanismos de transferencia de riesgos catastróficos que se activan únicamente cuando los eventos cumplen ciertos criterios. Actualmente, México dispone de un seguro contra desastres por 5 mil 400 millones de pesos y de bonos catastróficos por hasta 595 millones de dólares, aplicables a sismos y huracanes en distintas regiones del país. Sin embargo, advirtió que estos instrumentos operan bajo esquemas de zonificación que impiden acceder al monto total, por lo que el reto no solo es su activación, sino también su ejercicio eficiente.

Inversión preventiva desde lo local

Por su parte, Julio César Fuentes Quezada planteó la necesidad de replantear si la inversión pública se destina a prevenir desastres, a mitigar su impacto económico o únicamente a gastar recursos después de que ocurren. Explicó que los instrumentos financieros ante desastres pueden agruparse en ayuda humanitaria, ahorro y gasto público, deuda, aseguramiento y mecanismos fiscales y de financiamiento urbano.

Sobre estos últimos, enfatizó la importancia de impulsar una inversión preventiva desde el ámbito local, considerando que en México existen 92 zonas metropolitanas que concentran más del 80 por ciento del PIB y del empleo nacional. Citó estimaciones internacionales que indican que por cada dólar invertido en prevención se pueden ahorrar hasta 14 dólares en la recuperación posterior a un desastre. No obstante, señaló que el impuesto predial en México representa apenas el 0.11 por ciento del PIB, lo que limita seriamente la capacidad financiera de los gobiernos locales.

Entre las alternativas para fortalecer los ingresos municipales, destacó los instrumentos de captura de plusvalías, mediante los cuales una parte del incremento en el valor del suelo generado por la inversión pública puede destinarse al financiamiento de infraestructura preventiva y obras públicas.

El riesgo como construcción social

Al cierre de la conferencia, Naxhelli Ruiz Rivera enfatizó que el riesgo es una construcción social y advirtió que “no mata el sismo, sino la mala edificación”. Señaló que minimizar los costos de la prevención puede derivar en impactos económicos y sociales mucho más graves en el futuro, por lo que consideró urgente fortalecer el debate público y mejorar la comunicación del riesgo.

En los comentarios finales, Bernardo Gómez González, excoordinador del Comité de Seguridad Estructural del CICM, recordó que el debate sobre la seguridad estructural en la Ciudad de México surgió de la tensión entre mayores exigencias normativas y los costos de construcción. Subrayó que la ingeniería debe poner en el centro a las personas que habitan los edificios, reconociendo que los daños estructurales tienen implicaciones técnicas, sociales y financieras.