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Aprueban ley que pone tope a las rentas

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El incremento de la renta no podrá ser mayor a la inflación reportada por el Banco de México en el año anterior

El pleno del Congreso local aprobó el dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Planeación del Desarrollo, a fin de reformar diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal y de la Ley de Vivienda para la Ciudad de México, en materia de renta de vivienda.

El diputado José Octavio Rivero Villaseñor (MORENA), presidente de la comisión dictaminadora, afirmó que este instrumento legislativo considera una de las iniciativas que representará mayores beneficios para la ciudadanía en un menor tiempo, ya que “la vivienda digna no es un privilegio, sino un derecho constitucional.”

La iniciativa que dio origen al dictamen, suscrita por el jefe de Gobierno Martí Batres Guadarrama, indica que la propuesta atiende el acelerado incremento de los costos de las rentas en la capital, ya que entre los años 2013 y 2019 aumentaron hasta ocho veces más que el salario mínimo, lo que originó un incremento del porcentaje de los ingresos que se destinan al pago del arrendamiento y el desplazamiento de miles de personas.

Las propuestas de modificación al Código Civil para el Distrito Federal, establecen que el incremento de la renta nunca será mayor a la inflación reportada por el Banco de México en el año anterior, respecto de la cantidad pactada como renta mensual. Además, se aprobó implementar un registro digital de contratos de arrendamiento de autorización inmediata a cargo del gobierno local y para tales efectos, el arrendador deberá registrar sus contratos en un plazo no mayor a 30 días de haber sido celebrados.  

Respecto a la Ley de Vivienda para la Ciudad de México, se aprobó añadir como uno de sus objetivos el garantizar la producción pública de vivienda en arrendamiento asequible para las personas de menores ingresos por parte del gobierno local.

Para efectos de esta ley se entenderá por producción pública de vivienda para arrendamiento, a aquella que realice el gobierno local con recursos públicos, a fin de ofrecer acceso a la vivienda en arrendamiento con un criterio de asequibilidad para las personas de menores ingresos.

La propuesta establece que los acuerdos y convenios que se celebren con los sectores social y privado tendrán por objeto que un mayor número de personas, tengan acceso a una vivienda, estableciendo mecanismos que garanticen este derecho, preferentemente a la población en situación de pobreza, trabajadores, madres solteras y personas jóvenes de entre 18 y 35 años.

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