Decreto sobre asignación de obras por dedazo disfrazada de “obras de seguridad nacional”

Generará lluvia de amparos: Guardianes de la Constitución

Frente a la inconstitucionalidad que representa el acuerdo presidencial en materia de obras públicas, organismos empresariales, financieros y de abogados, advirtieron que afectados recurrirán a la vía del amparo “por un decretazo” que implica generar un escenario de impunidad e ilegalidad hacia nuestro país con un régimen de excepción que con obras “de seguridad nacional” disfrazará a discreción otros proyectos, advirtieron los integrantes de Guardianes de la Constitución.

“Se podrían promover acciones de inconstitucionalidad, incluso, se podría cuestionar por las minorías en las cámaras de diputados y senadores que no estuvieran de acuerdo porque consideraran que eso violenta la Constitución, lo que se está propiciando con este acuerdo en estos términos es que se quieren brincar toda vía constitucional que debería tener cualquier modificación o impacto en una determinación de esta envergadura como es que los proyectos del gobierno federal quedan excluidos de la revisión que deben tener estos proyecto porque la ley”, advirtió Moisés Castro Pizaña , presidente de la Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados (ANADE).

Agregó que este acuerdo busca evitar que se le cuestione la exposición de recursos y que se otorguen los permisos incluso de manera automática y eso es definitivamente es un tema que no puede dejarse de ver como autoritario.

Integrado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) , (ANADE), Consejo Directivo de la Barra Mexicana de Abogados, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Observatorio Nacional para el Respeto y Cumplimiento de la Constitución, Guardianes de la Seguridad, movimiento de la sociedad civil, cerró filas para salvar los derechos y contener ese acuerdo del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

La presidenta del Consejo Directivo de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Claudia de Buen Unna, coincidió en que se puede interponer una acción legal contra la medida.

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“También pueden promover un amparo aquellas personas que sientan que han sido afectadas de una u otra manera con este acuerdo es decir, por el tema de la competencia desleal porque se va a elegir a dedazo, a quien va a llevar a cabo estas obras y no a quien de la mejor oferta o sea el mejor calificado para ello, entonces sí, creo que nos vamos a inundar de amparos”, alertó.

Dijo que hay dos momentos para presentar este instrumento legal, cuando sale publicado que es un amparo contra una ley o acuerdo en este caso y hay 30 días hábiles para promoverlo a quien por la sola publicación de este ha sido afectado y el otro, cuando se trata de ejecutar o cuando se le hace una asignación directa a una empresa del contrato que debió haber pasado con las leyes por el trámite del concurso y ahí empieza a correr el plazo.

Por su parte, el presidente de la Coparmex, José Medina Mora Icaza, advirtió que existe mucha preocupación por este decreto presidencial, que como en otras ocasiones, emite decretos e iniciativas que son lesivas para lo sociedad y ponen al país en un retroceso y “estamos viviendo un momento muy delicado donde el orden constitucional y el estado de derecho peligran.

“Si queremos obras públicas que nos pongan a la vanguardia, pero también queremos respeto a las comunidades, al medio ambiente y con total transparencia. Sí, hay cuestiones y proyectos que son de seguridad nacional y requieren ser manejados con discreción, pero ese criterio no debe convertirse en un pretexto y en un cheque en blanco para atropellar derechos humanos”, indicó,

A su vez, el presidente del IMEF, Ángel García Lascurain Valero, señaló que la falta de procedimientos y la clasificación de proyectos de índole económicos como proyectos de seguridad nacional o interés público, atentan contra la transparencia, la rendición de cuentas y contra los derechos de los ciudadanos.

“Ello eleva el riesgo de corrupción y abona al clima general de incertidumbre que ha venido afectando la inversión productiva. Las acciones de política pública que ponen en duda la continuidad del estado de derecho, el equilibrio de poderes en nuestro país, afectan aún más este entorno económico y elevan el riesgo de que nuestra economía tarde mucho más en recuperarse de la crisis, con el consecuente impacto negativo sobre el bienestar de los mexicanos”, dijo.