Economía
ICC México pide una Ley General de Aguas que dé certeza a inversión y derecho humano
La International Chamber of Commerce México (ICC México) hizo un llamado al Congreso de la Unión y a las autoridades competentes a garantizar que la nueva Ley General de Aguas reconozca el derecho humano al agua, al tiempo que brinde certeza a las actividades productivas esenciales y a la inversión.
El organismo advirtió que diversas propuestas incluidas en los proyectos legislativos en curso podrían afectar la continuidad de cadenas productivas estratégicas —como la alimentaria, farmacéutica o energética—, sobre todo en escenarios de emergencia hídrica o sequías prolongadas.
Entre las preocupaciones destacan: reducción de la vigencia de concesiones, restricciones poco claras en la transmisión de derechos, mayor carga regulatoria, falta de estudios de impacto social y ambiental, así como atribuciones discrecionales en diversas autoridades. De no atenderse, estas medidas podrían generar incertidumbre jurídica, desalentar inversiones de largo plazo y encarecer bienes básicos para las familias mexicanas.
ICC México subrayó la necesidad de un marco legal moderno, transparente y funcional que incentive la eficiencia, fortalezca la infraestructura, promueva la inversión público-privada y armonice la legislación ambiental, energética y productiva.
Principales propuestas del sector industrial:
- Seguridad jurídica en las concesiones, con mecanismos de prórroga para títulos vigentes.
- Definición clara sobre acaparamiento y transmisión de derechos, con un mercado regulado de agua.
- Carga regulatoria proporcional, con plazos diferenciados y evaluaciones de impacto regulatorio.
- Debido proceso, con derecho de audiencia y facultades sancionadoras claras y transparentes.
- Armonización normativa con leyes de minería, hidrocarburos, medio ambiente y cambio climático.
- Infraestructura hídrica con participación público-privada y certeza en recuperación de inversiones.
- Transparencia con salvaguarda de información sensible.
- Régimen transitorio realista de 3 a 5 años para implementar registros y normas.
El organismo reiteró su disposición a un diálogo técnico y constructivo que permita una Ley General de Aguas equilibrada, que asegure el acceso para la población y preserve la competitividad y la resiliencia del país.
