Riesgos políticos para 2026

El presente año estará enmarcado en una serie de eventos que afectarán la evolución económica, financiera y de negocios, por lo cual Integralia publicó su reporte anual “Diez riesgos políticos para 2026”, con los principales escenarios que podrían impactar el entorno de negocios en México este año. https://integralia.com.mx/web/diez-riesgos-politicos-para-2026/

Su análisis parte de tres condiciones que elevan el riesgo para el presente año:

La primera es la concentración de poder en la coalición gobernante, la cual favorece la toma de decisiones arbitrarias, la aprobación de leyes riesgosas para el entorno de negocios y reduce los canales para la defensa jurídica y la interlocución política para las empresas.

La segunda es el lento crecimiento de la economía mexicana. La falta de certidumbre jurídica, un ambiente regulatorio complicado y la volatilidad del entorno internacional (sobre todo, vinculada a la política exterior de Trump) impiden un crecimiento robusto de la economía mexicana, lo que menoscaba la actividad empresarial y obstaculiza los proyectos de inversión.

En tercer lugar, las empresas enfrentan obstáculos estructurales en México debido a la combinación del control territorial del crimen organizado en diversas regiones del país, la creciente conflictividad social, las deficiencias del nuevo Poder Judicial y la incertidumbre en la relación bilateral con EE.UU.

En la publicación se indica que los diez Riesgos Políticos corresponden a los siguientes:1. Reforma electoral; 2. Renegociación T-MEC; 3. Inversión débil; 4. Intervencionismo EE.UU; 5. Conflictividad social; 6. Tensión gobierno-empresa; 7. Justicia politizada; 8. Regímenes criminales; 9. Reformas fiscales-laborales; 10. Pemex en declive.

Los riesgos que tienen una mayor probabilidad de ocurrencia corresponden a los siguientes:

Se aprueba una reforma que vulnera la integridad del sistema electoral y su capacidad para organizar contiendas equitativas, confiables, legales y transparentes, al disminuir las facultades operativas de los órganos electorales y restringir la competencia política, lo que afianza la concentración de poder del oficialismo.

La revisión del T-MEC se torna en una renegociación, en la que México se ve obligado a realizar concesiones en temas de seguridad, barreras no arancelarias, contenido regional y contención a China (en inversión y comercio), lo que ocasiona incertidumbre para los inversionistas, así como desafíos logísticos y de costos de operación para las empresas mexicanas.

Se prolonga la debilidad de la inversión como resultado de la incertidumbre generada con la implementación de reformas previamente aprobadas (judicial, órganos autónomos, Ley de Amparo, aduanas, aguas, entre otras), así como por las señales contradictorias del gobierno, particularmente en sectores clave como energía, telecomunicaciones e infraestructura.

El aumento del intervencionismo de Estados Unidos en América Latina (incluido México) produce tensiones diplomáticas, reacciones nacionalistas o consecuencias no previstas (p.ej. conflictos políticos internos o malentendidos), elevando el riesgo político a nivel hemisférico

Los seis riesgos restantes tendrían las siguientes característica y consecuencias:

La conflictividad social aumenta, lo que ocasiona disrupciones en carreteras, retrasos logísticos y otros impactos para el clima de negocios, riesgos que se intensifican en el marco de la Copa Mundial de futbol, que distintos grupos aprovechan para visibilizar sus demandas.

Crecen tensiones en la relación entre el gobierno y el sector empresarial, como consecuencia de la frustración gubernamental por los limitados resultados del Plan México y por el bajo crecimiento económico.

La politización, la falta de experiencia y el afán del nuevo Poder Judicial de mostrar una justicia “cercana a la gente” en su primer año de labores ocasionan fallas procedimentales, retrasos en los tribunales y sentencias con poco sustento jurídico, afectando a empresas específicas y al clima de negocios en general

Se mantienen los regímenes criminales en diversas zonas del país, como resultado de la impunidad para romper las redes de corrupción y los vínculos de funcionarios y políticos con el crimen organizado, así como por la proximidad del proceso electoral de 2027.

La aprobación de nuevas reformas –incluidos temas fiscales, laborales y sectoriales– genera incertidumbre para las empresas y dificulta el crecimiento económico del país

Se acentúa el deterioro operativo de Pemex (por insuficiencia de inversión pública, reducida inversión privada, caída adicional de la producción, apuesta por la refinación y elevada deuda con proveedores), lo que obliga al gobierno federal a elevar el apoyo financiero a la empresa del Estado y a ampliar su compromiso más allá de 2026.