Criterios para identificar deudores abusivos: Blun.M2

En la Ciudad de México, recorrer colonias como Narvarte, Portales o Santa María la Ribera basta para constatar cómo la gentrificación, además de elevar precios y transformar dinámicas urbanas, revela conflictos legales y financieros entre propietarios, inquilinos, bancos y deudores. Y aunque se trata de un tema complejo, existe un factor decisivo: no todos buscan resolver sus compromisos; algunos prefieren alargar el conflicto.

“La ley debe proteger al que enfrenta una deuda con voluntad de solución, no al que la usa como escudo para frenar la recuperación legítima de un patrimonio. En México hemos avanzado en mecanismos de conciliación, pero mientras no distingamos entre quien quiere negociar y quien solo gana tiempo, el sistema seguirá siendo ineficiente para todos”, explica Mike Ramírez, fundador de Blun.M2, proyecto que ayuda a multiplicar el patrimonio mediante inversiones en remates hipotecarios.

Cada vez son más los casos de créditos hipotecarios sin saldar en los que el deudor interpone recursos, se ampara o simplemente deja de responder. No siempre es falta de recursos; en muchos casos es una estrategia deliberada para manipular los tiempos del sistema.

El impacto es amplio: para inversionistas, significa pérdidas y desgaste legal; para propietarios, procesos largos y costosos; para la ciudad, viviendas abandonadas, juicios congelados y mayor presión sobre un mercado inmobiliario ya restringido.

En palabras de Ramírez: “Cuando el deudor apuesta por la evasión, no solo perjudica a la contraparte. También obstaculiza el acceso a la vivienda y alimenta un ambiente de impunidad silenciosa”.

No todo deudor es víctima

Durante años se ha colocado al deudor como víctima del sistema. Si bien hay casos que lo justifican, también existen otros en los que, pudiendo resolver, se opta por la dilación. Por ello, Blun.M2 propone distinguir entre deudores con voluntad de negociación y quienes solo buscan prolongar el conflicto, bajo criterios como:

• Asumir la responsabilidad. El silencio o la evasión solo agravan el problema. Mostrar disposición al diálogo es el primer paso hacia la solución.
• Contar con asesoría especializada. Un abogado en materia inmobiliaria o un mediador capacitado ayudan a encontrar rutas legales realistas y a evitar errores que escalen el conflicto.
• Entender los límites entre derechos y obligaciones. Defenderse es legítimo, pero abusar de amparos o recursos jurídicos como estrategia dilatoria solo retrasa lo inevitable.
• Negociar con intención clara. Llegar a un acuerdo no significa perder, sino actuar con madurez para cerrar el proceso y liberar el activo involucrado.

“Un sistema inmobiliario saludable no depende únicamente de leyes, sino de la responsabilidad con la que cada actor decide participar. Sin voluntad de pago, no hay mercado que aguante”, concluye Ramírez.