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ACNUR reconoce acciones de Banorte en favor de la inclusión financiera

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ACNUR reconoce acciones de Banorte en favor de la inclusión financiera

Entre 2022 y 2025, Banorte abrió más de 12 mil cuentas bancarias para personas refugiadas en México, una cifra que representa 88% del total reportado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en su Informe de Resultados 2025, titulado “Seamos hogar para quienes no pueden volver al suyo”.

El organismo internacional destacó la participación de diversas instituciones financieras para ampliar el acceso a servicios bancarios de esta población, reconociendo las acciones implementadas por Banorte para facilitar la apertura de cuentas y la inclusión financiera.

De acuerdo con ACNUR, aunque la normativa mexicana permite abrir cuentas bancarias mediante la Clave Única de Registro de Población (CURP) y documentos migratorios, en la práctica persisten obstáculos relacionados con el reconocimiento de esta documentación en algunas sucursales bancarias.

En este contexto, Banorte desarrolló un esquema que permite a las personas refugiadas acceder a productos financieros específicos, como la cuenta Enlace Digital, sin necesidad de acudir físicamente a una sucursal y utilizando la identificación expedida por la Secretaría de Gobernación.

Este mecanismo brinda acceso a servicios como transferencias electrónicas, pagos y herramientas de ahorro, además de permitir la construcción de un historial financiero.

La institución financiera señaló que el acceso al sistema bancario facilita la recepción de ingresos provenientes del empleo formal y contribuye a fortalecer la autonomía económica y la integración social de las personas refugiadas.

En su informe, ACNUR también destacó otras iniciativas de inclusión financiera impulsadas en México y subrayó la importancia de ampliar el acceso a servicios bancarios para quienes se encuentran en situación de movilidad.

Con estas acciones, Banorte busca contribuir a los esfuerzos de cooperación internacional orientados a mejorar la calidad de vida de las personas refugiadas y favorecer su incorporación a la actividad económica del país.

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