Interpondrán recurso de amparo contra Autos Chocolate.

El decreto no contempló las opiniones del sector

Luego de la publicación la tarde del miércoles en el Diario Oficial de la Federación DOF para regularizar autos ilegales en la zona fronteriza, ordenado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, la industria automotriz en pleno, advirtió que valora la posibilidad de interponer un amparo contra la medida y exigen la publicación de reglas secundarias que cubran los vacíos legales de esta acción que no solo inunda de basura automotriz al país, sino que afectará a la industria nacional, al medio ambiente, la seguridad y será exactamente lo mismo que decretos anteriores.

Guillermo Rosales Zarate, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA), dijo que harán uso de las herramientas legales conducentes.

“Ayer mismo una vez que se publicó el decreto, fue turnado a nuestros asesores legales, para que hagan una revisión puntual, adicionalmente estarán dándonos un dictamen respecto a la viabilidad de interponer un recurso de amparo ante la justicia federal.

«Cabe hacer mención que, en una primera opinión por parte de nuestros asesores jurídicos, no es solo cuestionar las afectaciones en términos económicos que pueda tener el sector automotor o los distribuidores automotores en particular, consideramos que esta evidentemente afectándose valores fundamentales y principios que se encuentran en este momento en juego”, dijo.

Detalló que, en primer término, es una afectación al medio ambiente, riesgo a la salud y la protección a la vida humana por el reconocimiento, la regularización de vehículos que evidentemente no cumplen con las condiciones mínimas para poder circular en condiciones de seguridad.

Acompañado por José Zozaya, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) , Virginia Virginia Olalde, directora de comercio exterior y estudios económicos de la Asociación Nacional de Productores, de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), Francisco González, presidente de la Industria Nacional de Autopartes, el líder de la AMDA, externó su preocupación por la afectación al estado de derecho de la medida que es fundamental para la atracción de inversiones y el sostenimiento de la planta productiva.

El líder de la AMDA, indicó que el decreto, no contempló las opiniones del sector y viene a generar distorsiones en el mercado, en los consumidores de vehículos adquiridos legalmente en México que son obligados a pagar contribuciones para poder circular.

“Estimamos que la decisión que ha sido tomada por el gobierno de la República y que se plasma en el decreto que hemos referido, habrá de tener la misma repercusión que los que han transcurrido desde 1979 hasta el 2013, 30 disposiciones y esto es que si no existe por parte del gobierno federal, la aplicación contundente de una política de cero tolerancia a la introducción, a la comercialización y a la circulación de vehículos ilegales, este decreto, estará dando pauta a una nueva oleada de vehículos de condición irregular”, dijo.

En conferencia de prensa, detalló que lo que contempla el decreto, es que estará limitado para regularizar los vehículos en condición de ilegalidad en los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas.

“Este de decreto permitirá la regularización de vehículos usados cuyo número de identificación vehicular corresponda al de fabricación o ensamble en México, Estados Unidos y Canadá y que no tenga hasta el momento el documento de importación. Será un régimen de importación definitiva, no se estará exigiendo el permiso previo de la Secretaría de Economía para llevar a cabo el trámite, no será necesaria la inscripción en el padrón de importadores, algo que hay que reconocer en el decreto, es que no se incluyen vehículos comerciales pesados, ni de carga ni de pasaje, lo que fue una demanda de nuestro sector”, indicó.

Por su parte, José Zozaya, presidente ejecutivo de la AMIA, señaló que, si bien apoyan el objetivo inicial de que la gente con escasos recursos, adquieran automóviles más baratos, la regularización de lo ilegal, afecta el estado de derecho que es fundamental para la atracción de la inversión y sostenimiento de la planta productiva.

“Tuvimos reuniones con varios funcionarios y se tomó en consideración a los vehículos pesados sin embargo, el objetivo principal era el manifestar que la regularización de lo ilegal afectaría la imagen como un buen atractor , respeto al estado de derecho y vemos con preocupación que se lance este decreto sin establecer medidas de control para importaciones de vehículos ilegales con requisitos y condiciones”, precisó.

Aún con ello, externó la disposición del sector, la apertura y ganas de trabajar de la mano con autoridades en los siguientes pasos que se deben dar, pidiendo que se tomen en cuenta las opiniones del sector.

En su oportunidad, Virginia Olalde, directora de comercio exterior y estudios económicos de la ANPACT, señaló que están en espera de la elaboración de las reglas secundarias derivadas de este decreto, con la exigencia de que los vehículos que se regularicen cumplan los mismos estándares que los que se exigen a los que se comercializan en el mercado legal.

A su vez, el líder de INA, Francisco González, dijo que están preocupados por ese decreto para regularizar lo ilegal a costa de quienes generan empleos.

Los industriales, indicaron que el sector genera un total de un millón de empleos directos y tienen un impacto en derrama económica en 253 actividades con una aportación al Producto Interno Bruto (PIB) del 4%.

Apelaron a que el Registro Público Vehicular (Repuve) sea actualizado y funcional, porque hoy es carente de infraestructura, cumple con lo mínimo para satisfacer las necesidades de un país como México y que los autos que se regularicen, demuestren que no tienen reporte de robo, no cuentan con restricciones para circular en México o en Estados Unidos, y se excluyan aquellos vehículos que hayan estado sujetos a inundaciones, los que en su último historial en Estados Unidos contemplen que solo se permite su uso para partes o que hayan tenido declaratoria de pérdida total, sin que esto solo este a la manifestación bajo protesta de decir verdad del concesionario sin que se remita a la base de datos estadounidense.

Además, que la acreditación de cumplir con las emisiones contaminantes sea requisito previo y no quede únicamente en una declaratoria o en una promesa de cumplimiento posterior.

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