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OPINIÓN

BACANAL | SALA DE ESPERA

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No se requiere ser jurista o experto en derecho legislativo para tener la certeza que un bacanal -así lo definió la reportera Leticia Robles de la Rosa, especializada en las actividades del Congreso de la Unión- ocurrió en la Cámara de Senadores la noche del viernes 28 y la madrugada del sábado 29 de abril.

Esos hechos, como los ocurridos en los días previos en la Cámara de Diputados, muestran y demuestran que a la mayoría del Congreso de la Unión tampoco acepta que “le vengan con que la ley es la ley”, como lo sostiene el presidente de la República.

En otras palabras, dos de los tres poderes de la Unión han decidido, y lo prueban sus dichos y hechos, no acatar la Constitución, pese que al tomar posesión juraron respetarla y hacerla respetar, al igual que las leyes que de ella emanan.

Ellos creen que la legal y legítima mayoría que obtuvieron en las elecciones de 2018 y 2021 les da derecho pasar por encima de las normas que permiten, -pero también ordenan los procedimientos- modificar o abrogar las leyes vigentes o destruir instituciones públicas. En otras palabras, como lo decían sus más destables antecesores priistas: “aquí nomás mis chicharrones truenan”.

Hay que repetirlo, porque es cierto y básico: en cualquier sistema democrático la mayoría tiene el derecho de modificar leyes e imponer las políticas públicas por las que teóricamente votaron sus apoyadores en las elecciones. Pero, tienen que hacerlo respetando los procedimientos que ordena la legislación vigente y también respetar el derecho de la minorías (esencial en cualquier democracia) a influir en la vida pública. De ninguna manera, es democrático considerar a los opositores como “traidores a la patria” (¿el presidente de la república y sus seguidores fueron traidores a la patria cuando eran opositores a los gobiernos legales y legítimos que combatieron políticamente?) y mucho menos llamar a su aniquilación.

El combate con fines de aniquilación de los adversarios políticos lleva al fascismo y a la dictadura, como ocurrió con los gobiernos de Adolf Hitler (electo democráticamente y con lo que ahora se llaman altos porcentajes de popularidad) o de Francisco Franco, Augusto Pinochet o Fidel Castro que, si bien no llegaron al poder mediante el voto, tuvieron altos índices de apoyo de los ciudadanos de sus países.

La falta de respeto por parte de los miembros de un gobierno a las leyes vigentes y a sus procesos producen la ruptura del llamado Estado de Derecho; en otras palabras, las leyes dejan de tener vigencia por la vía de los hechos del propio gobierno que tiene el compromiso de respetarlas, salvaguardarlas y aplicarlas. Así lo juraron. No se trata de no

modificar leyes, sino de respetar las normas para hacerlo.

Hay otra importante violación al orden constitucional de los poderes Ejecutivo y Legislativo: la anulación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), órgano autónomo, garante del derecho a la información, consagrado en el artículo 6º de la Constitución.

Para fortuna y casi ilusión democrática de muchos de los mexicanos (sólo 30 de alrededor de 90 millones de ciudadanos votaron por el actual gobierno), todavía el Poder Judicial (la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la cabeza) no ha sido capturado por el exacerbado presidencialismo: es el último dique y a él habrá que apostar para revertir el bacanal de la noche negra para la democracia mexicana.

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