Polémica por falta de pago de cementera a ejidatarios

La Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (CODUC) denunció públicamente a la empresa cementera Holcim México por negarse a cumplir los compromisos adquiridos con 83 ejidatarios del Ejido Buenavista, en Macuspana, Tabasco, pese a haberse beneficiado de 1,300 hectáreas expropiadas para fines industriales y de haber participado como proveedora en obras prioritarias del Gobierno Federal como el Tren Maya y la Refinería Dos Bocas.

En conferencia de prensa, el presidente nacional de la CODUC, Marco Antonio Ortiz Salas, informó que, como medida pacífica de presión, ejidatarios y sus familias realizaron un plantón frente a las instalaciones de Holcim en Macuspana. La respuesta, aseguró, fue la detención de tres campesinos —Silverio Pérez Torres, Javier Cruz Ramírez y Alfonso López Morales— por parte de autoridades estatales, hecho que calificó como represivo e injustificado.

La organización exigió la liberación inmediata de los detenidos y advirtió que, de no cumplirse esta demanda en las próximas horas, se procederá al cierre indefinido de la carretera Macuspana-Campeche, así como a la instalación de un plantón frente a la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México.

Asimismo, se solicitó la instalación urgente de una mesa de diálogo con autoridades federales y estatales, incluyendo la Sedatu, Procuraduría Agraria, RAN, Fifonafe, y la propia empresa Holcim, para atender los compromisos no cumplidos y regularizar la situación derivada de la expropiación de 1979.

Según recordó la CODUC, el 11 de enero de ese año se publicó un decreto presidencial mediante el cual se expropiaron 1,328 hectáreas —el 70% del total del ejido— a favor del entonces Banco Nacional de Obras Públicas. Posteriormente, esos terrenos fueron vendidos a Cementos Apasco S.A., hoy Holcim México, empresa de capital suizo.

En el marco del decreto expropiatorio, se firmaron compromisos con los ejidatarios afectados, entre ellos: creación de 300 empleos directos, infraestructura urbana y de servicios (agua potable, planta potabilizadora, sistema de drenaje, electrificación), programas de capacitación técnica, desarrollo agropecuario, unidad ganadera y un corredor turístico. Además, se había pactado una regalía del 1% sobre la venta de cemento a favor del ejido.

Ortiz Salas denunció que dichos acuerdos no fueron cumplidos, afectando el desarrollo económico y social del núcleo ejidal. Como resultado, la CODUC exige la reversión total de la expropiación, particularmente sobre 800 hectáreas que no han sido utilizadas por la empresa.

“Holcim se siente protegida por haber vendido cemento para obras prioritarias del gobierno federal, pero eso no la exime de sus obligaciones con las comunidades. No permitiremos que los derechos de los ejidatarios sean ignorados ni que se criminalice su protesta”, concluyó Ortiz Salas.