Estrategia gubernamental afecta al sector de la construcción: CEESP

Con una caída de casi 6 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB) en la inversión física del 2008 hasta el tercer trimestre de 2020 (de 22.8 a 17.1); –es decir, la que se aplica en construcción, conservación de obras, carreteras y en adquisición de bienes de capital–, muestra la agudización en inversión durante este sexenio, toda vez que mientras en lo privado durante 2018 se registró 17.3 puntos porcentuales del PIB, en el tercer trimestre de 2020 14.6.

La inversión pública también ha disminuido, puesto que entre 2018 y 2020 pasó de 2.9 a 2.5. “El indicador de la inversión a noviembre pasado muestra una baja de 11.3% respecto al año anterior”, subrayó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) en su análisis económico ejecutivo.

En el documento concluye que “la caída de la inversión se ha agudizado fuertemente en este gobierno. La inversión pública tiene claros objetivos políticos y está dirigida mayormente a proyectos cuya rentabilidad social es dudosa y opaca (cuando la ley de presupuesto manda que sea probada antes de dedicarle recursos públicos) mientras que la inversión privada ha sido desalentada de manera significativa”.

Puntualiza que parecería que las acciones del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y las propuestas e iniciativas del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) tengan como objetivo debilitar la certidumbre jurídica y el marco institucional que protegen la inversión.

“Así ha sido incluso desde antes de la toma de posesión, con la cancelación del NAIM en 2018 mediante una consulta popular que además de no ser el instrumento idóneo para tomar ese tipo de decisiones, no tuvo la representatividad mínima aceptable y dio un duro golpe a la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros”.

Ante este contexto, el CEESP plantea la urgencia de acelerar la tasa de crecimiento económico, ante lo que se requiere elevar la inversión. En lo que subrayó que para atraer y retener montos mayores de inversión es imprescindible facilitarla y promoverla, así como mantener la seguridad jurídica y el Estado de Derecho.

“Sólo el Estado, a través de sus gobiernos, es capaz de generar y garantizar estos elementos. Más aun, como en todas las democracias modernas, está obligado a protegerlos”.

El CEESP enlistó algunas acciones que considera, el gobierno o su partido han llevado o intentado llevar a cabo, que atentan contra la certidumbre jurídica, y que, independientemente de su concreción, son señales que perjudican la confianza para invertir en México.

Entre ellas destacan: la consulta nacional sobre la cancelación del proyecto del NAIM (octubre de 2018): la iniciativa de reformas a las leyes para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y de Instituciones de Crédito en Materia de Comisiones Bancarias y el haber descartado la cuarta subasta eléctrica, mediante la cual privados y la CFE podrían comprar electricidad a través de contratos de largo plazo.

Con ello, el memorándum para dejar sin efecto la reforma educativa de 2013 y el incumplimiento de contratos de transporte de gas natural (gasoductos), así como demandas preliminares de arbitraje de CFE en cortes internacionales para cambiar y/o anular algunas cláusulas de los contratos de servicios de transporte de gas mediante ductos contra empresas nacionales y extranjeras, entre otras cosas.

Establece que “a la luz de estas señales de animadversión ante la inversión privada y el continuo deterioro de la pública, resulta curioso que el presidente aparenta sentirse cómodo, cuando es bien sabido que la inversión es el motor que puede provocar la recuperación de la actividad económica, severamente debilitada en estos dos últimos años, y por lo tanto reducir la pobreza de forma sostenida hacia el futuro.

“Esta lamentable realidad social es supuestamente una prioridad y está en el centro de su estrategia y es claro que se ha deteriorado gravemente bajo su mandato. Dicha comodidad o complacencia es aún más sorprendente en vista de la amplia percepción del mal manejo de la pandemia por parte de México alrededor del mundo, y que es evidente dentro del país”, considera el CEESP.