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“CORRUPCIÓN INMOBILIARIA…..UNA PRIMERA REFLEXIÓN”
Por Federico Pizarro
Se dice que un gobernante ante la necesidad de unas obras de desagüe, por las inundaciones que sufría la ciudad donde residía y gobernaba, impulsó el desarrollo de grandes obras de ingeniería que costaron muy caras al erario, pues, se murmuraba que dicho personaje recibía un elevado porcentaje de los contratistas a quienes encomendaba el proyecto. Esta historia puede situarse en los tiempos actuales de nuestro país, pero resulta que se trata de la narrativa de la gestión del Virrey Don Rodrigo Pacheco y Osorio, marqués de Cerralvo, quien entre 1624 y 1635 gobernó la Nueva España, de hecho aunque el marqués de Cerralvo tenía fama de corrupto, el rey de España, Felipe IV, lo mantuvo en el gobierno más de 10 años, lo cual se explica por la excelente relación del virrey con el favorito del monarca español, el conde Duque de Olivares, a quien seguramente remitía parte de las ganancias ilícitas de los contratos de obra pública. Don Rodrigo Pacheco renunció voluntariamente al virreinato y regresó a España inmensamente rico.
La corrupción según la Real Academia Española se define como: En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores.
Como podemos escuchar cada mañana, hablar de la corrupción está de moda, de hecho hoy sirve para explicar cada fenómeno o carencia sociológica y económica de este país, siendo que efectivamente desde antes de ser México (la independencia se finiquitó en 1821) la corrupción ya era parte de este territorio y sus gobernantes ya se aprovechaban de ella.
Según las cifras de Transparencia Internacional para 2019, México ocupó el lugar 130 entre 180 países evaluados, visto de otra manera hay 129 países de 180 que hacen mejor su tarea que México en combate a la corrupción, según el mismo informe de un máximo de 100 puntos, México obtiene 29 en el índice de comportamiento contra la corrupción.
El sector inmobiliario no está ajeno a esta realidad, según el diagnóstico de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad del año 2019, la OCDE indica que el sector de la construcción es el segundo en donde ocurren más sobornos, colocando a nuestro país en la categoría de “semitransparentes” con una brecha notable entre la regulación formal y su aplicación.
El marco jurídico y normativo del sector inmobiliario es difuso, complejo y obsoleto, con una multiplicidad de posibles interpretaciones las cuales conllevan a situaciones discrecionales y a la aplicación de criterios que si bien pueden ser legales, no satisfacen a las partes involucradas y provocan desánimo y en ocasiones animadversión de la población general a las obras a realizar
Es del dominio público que las aplicaciones de dádivas, favores, donaciones obligadas o contratos relacionados continúan siendo cotidianas y en el más amplio de los infortunios normalizadas, parametrizadas y hasta presupuestadas en los flujos de caja y resultados de una inversión inmobiliaria. Lo anterior no siempre bajo la coacción o petición de las autoridades sino también provocado y vislumbrado por algunos promotores de proyectos que buscan los recovecos de ley para enmascarar elementos a todas luces impropios y hasta deshonestos.
La corrupción es un problema globalizado y cosmopolita, todos la sufrimos y todos formamos parte de ella, está infundida en nuestra idiosincrasia y nuestro código moral, su erradicación es tarea de todos, las normas y las reglas no dependen del lado de la mesa en el que estemos ni de su conveniencia hacia nuestra situación o posición. En el sector inmobiliario si un funcionario solicita dinero para levantar unos sellos que no debieron colocarse es tan corrupto como el desarrollador que realiza obras de reestructuración con licencia de remodelación o como un aspirante de crédito que miente en sus ingresos para obtenerlo.
No somos mejores porque no nos “cacharon”, no somos mejores porque “tenemos un contacto”, seremos mejores cuando lo entendamos.