Elección 2024: Autoridades vulnerables

Sergio Kurczyn, director de Estudios Económicos y Rodolfo Ostolaza, subdirector de Estudios Económicos en Citibanamex, señalan que la fortaleza de las autoridades electorales y de la Suprema Corte será clave para garantizar competencia equitativa y voto libre, y también para enfrentar los retos potenciales de escenarios de resultados cerrados.

En una “Nota Especial”, consideran que las dos autoridades electorales llegan debilitadas en su capacidad de operación y sin cohesión interna, además de que, en la Corte, el equilibrio que le ha permitido defender condiciones democráticas de competencia está cambiando. https://www.banamex.com/sitios/analisis-financiero/pdf/Economia/ReporteEconomicoDiarioNo1345vf.pdf

Sus argumentos, están basados en las siguientes consideraciones

Instituciones electorales funcionales han sido clave para garantizar competencia legal y equitativa en México. Datos de encuestas previas a las últimas cuatro elecciones presidenciales muestran que, a lo largo del año que precedió a la jornada electoral, la posición relativa de los candidatos cambió significativamente.

Es decir que las campañas permitieron, incluso a quienes no eran punteros al inicio de cada proceso (tanto de oposición como del partido en el gobierno), presentarse ante el electorado y avanzar.

Ello ocurrió, en buena medida, gracias a que la autoridad administrativa y la jurisdiccional, a cargo de expertos competentes en la materia, estuvieron atentas a garantizar un entorno razonable de competencia equitativa.

 El INE no sólo organiza elecciones, también funge como árbitro a lo largo de cada proceso para, oportunamente, conminar a que se corrijan a quienes cometen faltas, y fiscaliza los gastos de partidos y candidatos para vigilar que sus recursos sean legales y sus gastos se apeguen a los límites establecidos.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) no sólo otorga la constancia de validez de la elección presidencial, también resuelve en última instancia las impugnaciones que se gestan a lo largo de las contiendas contra la actuación de algunos partidos y candidatos.

En la medida que los controles de ambas autoridades pueden derivar en la anulación de un resultado, su actuación es clave para la conducta democrática.

La Suprema Corte, especialmente en el último año, también ha sido actor crítico en la defensa de la democracia electoral. Durante los primeros cuatro años de este sexenio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presidida por un ministro declaradamente afín al proyecto político del presidente (Arturo Zaldívar), eludió procesar desde el Poder Judicial los alegatos de ilegalidad e incluso inconstitucionalidad presentados por diversos actores sociales y económicos contra actos del gobierno.

Ello cambió a partir de que, en enero del 2023, Zaldívar culminó su período como presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura y fue relevado por Norma Piña. Desde entonces, la Corte ha cobrado un notable activismo en el procesamiento de asuntos rezagados relacionados con la agenda de transformación estructural del gobierno actual.

En defensa de la Constitución y el principio de ‘debido proceso’, la mayoría absoluta del Pleno de la Corte ha revertido giros de política pública, anulado leyes secundarias pasadas en fast-track y protegido derechos individuales de actores enfrentados con el gobierno.

Crucialmente, esta última Corte detuvo la reforma electoral promovida por el gobierno hace un año y que amenazaba con avasallar al INE y al marco regulatorio electoral.

El equilibrio al interior de la Corte que hizo posible esas decisiones está cambiando. A fines de 2023, AMLO nombró a Lenia Batres como ministra en un inusitado relevo, después de que Arturo Zaldívar renunciara anticipadamente a su asiento en el Pleno para adherirse a la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum. Batres ya se ha pronunciado por una Corte menos legalista y más apegada al Pueblo.

En diciembre de 2024, quien gane la presidencia nominará un relevo más en la Corte y consideramos probable que el equilibrio resultante impida que la Corte pueda volver a anular decisiones inconstitucionales de otros poderes, al menos por algún tiempo.