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Iniciativas podrían fragilizar finanzas públicas y régimen democrático

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Fernando Monreal y Paulina Anciola, analistas de Citibanamex, consideran que las iniciativas presentadas por el titular del Poder Ejecutivo federal, de aprobarse, fragilizan las finanzas públicas y el régimen democrático, además de que no muestran un diseño socialmente eficiente y equitativo.

En su evaluación del paquete enviado al Poder Legislativo por el Poder Ejecutivo, señalan que varias de las propuestas tienen un costo fiscal creciente, inconsistente con la situación actual de las finanzas públicas y con su deterioro previsible, aún antes de estas propuestas; sin embargo, un aspecto tranquilizador en términos fiscales, de marco económico de libre mercado, y de régimen democrático, es que las iniciativas sólo sean un elemento que se enmarca en la campaña electoral de este año, aunque hay elementos que matizan tal interpretación.

Relativo al sistema de pensiones, los riesgos para su prevalencia actual han aumentado, aunque el escenario más probable es aún el statu quo de la coexistencia de los pilares actuales.

En lo político, son consistentes con la perspectiva gubernamental de eliminar los contrapesos a las decisiones del Ejecutivo, en una visión iliberal de la democracia: eliminación de organismos autónomos, debilitamiento del Instituto Nacional Electoral (INE), elección popular de jueces y ministros (método ajeno a todo el mundo democrático) y eliminación de diputados y senadores plurinominales.

En lo económico, es preocupante la propuesta de eliminación de la Comisión de Competencia, de Telecomunicaciones (FCC) y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), las de energía, y su adhesión al poder ejecutivo.

En lo relativo a la propuesta de pensiones, muestra un diseño apresurado e inconsistente, porque no se enmarcan en una política social equitativa y buscan financiarse con potenciales fondos que solo pueden ser conseguidos en una sola ocasión; sin embargo, el problema es que las propuestas implican un costo fiscal anual, permanente y creciente. Además, buena parte de los fondos a que se alude ya están comprometidos, dado que hay un déficit fiscal creciente, independientemente de estas iniciativas.

El costo se concentra en los nuevos pensionados del IMSS a los que les apliquen las leyes 1997 y 2007. Hay muy pocos trabajadores en el ISSSTE que se jubilen con la reforma del 2007 en los próximos muchos años.

Respecto a los del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la iniciativa, de forma un tanto sorprendente, no considera a los que ya se jubilaron en los últimos años con el régimen 97, sino solo a los nuevos pensionados en el futuro. Ello reduce en el corto plazo el costo fiscal, pero la explosión demográfica en el largo plazo, la aumentará. Pero otro elemento que limita ese costo fiscal es que el 100 por ciento del último salario para los trabajadores tiene un tope que estará fijo en términos reales (no subirá junto con el salario promedio), que es el salario promedio del salario actual de los adscrito al IMSS.

Un gran elemento de incertidumbre es el número de semanas de cotización con el cual se tendrá derecho a una pensión de 100 por ciento del último salario, ya que el costo fiscal varía mucho en función de esa determinación. Pareciera entonces que el costo fiscal de las pensiones no aumentará mucho en el corto plazo, aunque ahora se le añade el costo por la creación de un salario mínimo para buena parte de los trabajadores del sector público y por el nuevo rol del Infonavit. En lo primero, significa a su vez que no se cumplirá la promesa de 100 por ciento de tasa de reemplazo para todos los trabajadores.

No hay en la iniciativa una visión más equilibrada de las modalidades del gasto social, tampoco de un enfoque para enfrentar la existencia del sector informal y la movilidad de los trabajadores entre formalidad e informalidad (que baja en mucho la densidad de cotización). No se presenta una justificación de por qué un jubilado requiere 100 por ciento de su último salario, a diferencia de lo que muestra la experiencia internacional y las amplias discusiones sobre las necesidades materiales de una persona de la tercera edad vs. una más joven.

No hay una consideración sobre el equilibrio en la atención pública a diferentes grupos de edad: el gobierno actual ha perdido de vista las necesidades de la niñez y se ha centrado demasiado en las de la tercera edad, así como en los pagos en efectivo incondicionales en lugar de la provisión de bienes y servicios de calidad.

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