Nuevos proyectos del PGD y el PGOT en análisis legislativo

Con la ausencia de la aún jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y con la protesta de que no se tomaron en cuenta a los pueblos originarios de la Ciudad de México, el que fuera secretario de gobierno Martí Batres presentó los polémicos proyectos del Plan General de Desarrollo (PGD) y Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT).

El Plan General de Desarrollo se enfoca en los objetivos, estrategias y acciones que la ciudad o región debe seguir para asegurar un crecimiento y desarrollo sostenible. Este plan abarca varios aspectos, desde economía y trabajo, educación, salud, hasta infraestructura, ambiente, cultura y deporte.

Por su parte, el Programa General de Ordenamiento Territorial es un instrumento que establece las bases y directrices para el uso del suelo, la vialidad, la densidad poblacional y la localización de las actividades productivas y de servicios. Su objetivo es asegurar que el crecimiento y desarrollo de la ciudad o región se realice de manera ordenada, eficiente y sostenible.

Fue en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el secretario de Gobierno, Martí Batres, afirmó que en la elaboración de estos proyectos participaron organizaciones civiles y sociales, pueblos y academia.

El ahora jefe de gobierno de la Ciudad de México destacó que se protege el suelo de conservación, el uso de suelo habitacional, agua y los derechos sociales.

Resaltó que, entre otros considerandos, tampoco se permitirá la construcción de megaproyectos y conjuntos comerciales en zonas con estrés hídrico, que no tengan factibilidad o disponibilidad de estructura hidráulica.

“Hay varias zonas de la ciudad que se considera que viven un estrés hídrico y, por lo tanto, ya no admiten que puedan extenderse más este tipo de construcciones”, indicó.

Asimismo, luego de las protestas que realizaron en diciembre pasado habitantes de los pueblos de Milpa Alta por la integración del concepto “suelo rural”, esta alcaldía quedará excluida del efecto respecto al Proyecto de Programa General de Ordenamiento Territorial.

“El Proyecto de Programa General de Ordenamiento Territorial no tendrá efectos legales y administrativos sobre el territorio de Milpa Alta, es decir, para decirlo en palabras coloquiales, “Milpa Alta se cuece aparte”, en el caso de Milpa Alta los documentos que eventualmente llegaran a aprobarse no tendrían efectos”, acotó.

En este sentido, Batres Guadarrama precisó que en lo relativo a los asuntos de ordenamiento territorial, en Milpa Alta se seguirá rigiendo lo dispuesto en el Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal, ahora Ciudad de México.

El funcionario explicó en ese entonces que los documentos elaborados por el Instituto de Planeación no han quedado y desde la jefatura de gobierno se tendrán que turnar al Congreso capitalino para que le entren al análisis y discusión.

5 de julio pasa a discusión

La Mesa Directiva del Congreso capitalino turnará el 5 de julio a comisiones legislativas los  proyectos del Plan General de Desarrollo (PGD) y Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT).

Ese fue el compromiso del presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Fausto Manuel Zamorano, quien al igual que la semana pasada dijo que ya merito daba el turno.

Afirmativa ficta

El plazo que corre es importante porque entonces se habrá consumido también el primero de los seis meses que tienen los diputados para aprobar el PGD y el PGOT.

Si en ese periodo los diputados no logran sacar un dictamen aplicará la afirmativa ficta, es decir, entrarán en vigor en los términos que los envió Sheinbaum.

Desde la semana pasada en la sesión de la Comisión Permanente, la diputada panista Gabriela Salido pidió al presidente de la Mesa Directiva Fausto Manuel Zamorano que turnara los documentos a comisiones.

Organizaciones civiles

Sin embargo, la presentación de estos documentos ha generado dudas sobre si realmente se protege el uso de suelo habitacional, el suelo de conservación y los derechos de los ciudadanos. Ante esta situación, la UNAM estado organizando foros donde se han hecho apuntes a los proyectos presentados por el gobierno capitalino.

Lourdes García, académica de la UNAM, destacó que el nuevo proyecto va más allá de la planeación física de la ciudad en una prospectiva de 20 años, y tiene un enfoque que toma en cuenta las relaciones físicas, sociales y económicas de la población. “Ya no solo reivindica el derecho a la ciudad, sino se ocupa de las condiciones para que se cumpla”, dijo.

En tanto, la investigadora Elena Burns cuestionó el enfoque sobre la gestión del agua que contempla el nuevo proyecto del PGD, que, según  Martí Batres, prohíbe la construcción de megaproyectos en zonas consideradas con estrés hídrico, es decir, con escasez o carencia del servicio.

La académica explicó que  la existencia de zonas reconocidas con estrés hídrico, o con factibilidad hídrica para construcciones, podría generar una marginación para algunas zonas, en vez de pensar en soluciones para que la distribución del agua sea equitativa entre toda la población.

“Si pones en zonas que tienen agua otro complejo como Mítikah, entonces al cabo de un tiempo ya no va a tener. Nadie quiere decirlo, pero ya no cabe otro megaproyecto en la ciudad, no hay agua, pero vemos que el compromiso con el acceso equitativo en este proyecto está ausente”, indicó.

Silvia Emanuelli, directora de la asociación Habitat International Coalition (HIC-AL), mencionó que el documento entregado “presenta problemas que muestran que se hizo con prisa, y hasta ahora su contenido no es público, por lo que solo sabemos lo que han comentado de él las distintas autoridades”.

El PGD es el primer documento de la ciudad que contiene previsiones sobre el tema de la renta social, es decir, que habla explícitamente de la necesidad de ofertar gran variedad de opciones de vivienda para garantizar que no exista la expulsión de vecinos, afirmó Emanuelli.

El Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac, reclamaron que las comunidades han sido usadas “solo como discurso”, y acusó que se busca la eliminación de sus organizaciones de la toma de decisiones en la ciudad.

La organización autónoma de pueblos señaló al gobierno capitalino de buscar aislar y separar los procesos de las comunidades, sobre todo aquellas que se encuentran en zonas de suelo de conservación, ante una política que intenta modificar las categorías para la construcción de grandes obras.

El frente de pueblos señaló que es una “nueva imposición”, y consideró que el proceso debe reponerse nuevamente, a fin de garantizar el derecho de todos los barrios a decidir sobre la forma de organizar su territorio, así como la defensa de bosques, aguas y tierras.

Los integrantes de esta organización anunciaron que, para ello, preparan movilizaciones en la ciudad, así como la presentación de recursos legales contra las versiones del PGD y PGOT que se presentarán ante el Legislativo.