Infraestructura
Diputados de QR avalan ley que frena desarrollos irregulares
El pasado 8 de septiembre el Congreso de Quintana Roo aprobó por unanimidad una reforma al artículo 24 y adición de los artículos 37 Bis y 45 Bis de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado. Con esta ley se evitará que, en el estado gobernado por Mara Lezama, continúen avanzando los desarrollos inmobiliarios irregulares en prejuicio de la conservación del medio ambiente y espacios naturales con los que cuenta esta entidad.
La iniciativa aprobada fue presentada por los diputados Jorge Armando Cabrera Tinajero, Andrea del Rosario González Loria, Jorge Arturo Sanen Cervantes y Alexa Murguía Trujillo, de las bancadas de Morena y PVEM, obteniendo el respaldo total de los legisladores estatales. Con este cambio legal, quien quiera enajenar algún inmueble, sin importar su antigüedad, deberá cumplir con las Manifestaciones de Impacto Ambiental autorizadas por la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMAQroo).
La reforma al Artículo 24 de la ley contempla incluir requisitos adicionales relacionados con la evaluación de impacto ambiental para diferentes tipos de obras y actividades, como la construcción de vialidades regionales, metropolitanas, caminos rurales, y otras infraestructuras. La adición del Artículo 37 Bis, establece que las personas titulares de las notarías y el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, únicamente podrán intervenir en la inscripción de actos relacionados con bienes inmuebles, siempre y cuando se cuente con las autorizaciones de impacto ambiental correspondientes.
Por su parte, el Artículo 45 Bis especifica que los asentamientos humanos deberán contar con autorizaciones de impacto ambiental, y que el Registro Público de la Propiedad no podrá inscribir títulos de propiedad sin estas autorizaciones.
Esta ley se apega a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 que tiene, entre sus propósitos, promover el crecimiento económico sostenible. Estas medidas también buscan aminorar los efectos negativos en el medio ambiente, ocasionados frecuentemente por el incumplimiento de las disposiciones legales en materia de impacto ambiental. De acuerdo con los legisladores esta ley no impacta en los requisitos hacia los desarrollos.