CONSTRUCCIÓN
IMCO propone decálogo en finanzas públicas
Propone crear una Oficina de Infraestructura que autorice los proyectos de obra pública del Gobierno Federal.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) presentó su reporte trimestral “Hacienda en la Mira”, en la que asegura que la próxima administración que asuma el poder el 1 de octubre, tendrá a su disposición una bolsa de recursos de alrededor de 7.77 billones de pesos durante su primer año de gobierno.
El informe destaca que el sector público federal enfrenta múltiples desafíos en materia de finanzas públicas que amenazan su capacidad para proveer bienes y servicios en el mediano-largo plazo.
Entre los puntos que destaca es que es necesario invertir más en infraestructura pública de calidad, señaló que a pesar de la importancia que tiene la infraestructura pública productiva en la capacidad del país para crecer de manera sostenida y atraer y retener talento e inversiones –especialmente en el contexto del nearshoring– el gasto en inversión física (sin incluir a Pemex) en 2023 (571.1 mmdp) fue (-)18.8% menor, en términos reales, a la observada en 2014 (463.2 mmdp).
Por ello, es fundamental promover más y mejor inversión pública en áreas clave que garanticen un suministro confiable y a precios competitivos de electricidad limpia, disponibilidad de agua e infraestructura logística de calidad (p. ej. puertos, aeropuertos, carreteras).
También propone crear una Oficina de Infraestructura que autorice los proyectos de obra pública del Gobierno Federal.
Para garantizar que la infraestructura pública que se construya en el país genere más beneficios que costos para la sociedad, se propone la creación de una Oficina de Infraestructura.
Esta oficina debería ser independiente del Gobierno Federal y estar conformado por expertos en infraestructura y evaluación socioeconómica de proyectos, quienes elaborarían los estudios técnicos necesarios para el desarrollo de proyectos de infraestructura desde su planeación, expresó el IMCO.
Esto incluye diagnósticos de necesidades de infraestructura federal, estudios de factibilidad legal, manifestaciones de impacto ambiental y análisis costo-beneficio, entre otros.
A partir de estos estudios, la junta de gobierno del organismo tendría la facultad de aprobar o rechazar los proyectos de infraestructura propuestos por el Gobierno y sus decisiones serían vinculantes.
En resumen, ningún proyecto de obra pública a nivel federal sería ejecutado sin la aprobación de este órgano colegiado.
