Electricidad cara y contaminante no es solución a problemas intermitencia: BBVA

Víctor M Ortíz Niño

Carlos Serrano y Samuel Vázquez, analistas de BBVA Research señalan en un estudio que las energías limpias, solares y eólicas, pueden presentar problemas de intermitencia, pero que la respuesta no radica en despachar primero la electricidad más cara y contaminante como la plantea la iniciativa preferente para reformar la Ley de la Industria Eléctrica, enviada por la presidencia el 29 de enero.

En su documento de análisis económico “Cambios en la Ley de la Industria Eléctrica desfavorecen a energías limpias y menos costosas”, los analistas señalan que se pueden diseñar mecanismos para que la CFE pueda ofrecer electricidad cuando existan problemas de intermitencia y que sea compensada por ello, cómo se ha hecho en Alemania y Dinamarca.

También manifiestan que la propuesta de Ley es un ejemplo más de que México es un país que puede cambiar a los inversionistas las reglas del juego ya empezado el partido y que los contratos pueden no respetarse, por lo que, de aprobarse, se dará un paso atrás en competitividad, sostenibilidad y Estado de Derecho

Desde su punto de vista la reforma de referencia tiene como principal objetivo fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en detrimento de los inversionistas privados que habían decidido invertir en el país, bajo una serie de reglas preestablecidas. La estrategia para dicho objetivo no plantea una mayor inversión que eficientice los procesos de la CFE (empresa que tuvo pérdidas por más de 60 mil millones de pesos en los primeros 3 meses de 2020), para disminuir sus costos o aumentar las alternativas de energías renovables; sino que plantea que se le otorgue preferencia sobre opciones más eficientes en términos económicos y ecológicos.

Opinan que una regla objetiva de preferencia por cada una de las ofertas energéticas debería estar basada en el menor costo ambiental y económico; no en favorecer a un jugador en particular. Tampoco se trata de privilegiar a la oferta del sector privado, sino que exista un criterio objetivo a favor de la sustentabilidad económica y ambiental.

De esta forma, estiman que, de mantenerse en este sentido, la iniciativa eliminará la competencia en el sector, se incrementará el costo de la oferta, la cual se pagará con mayores tarifas o fiscalmente, sin que sean excluyentes. Además, retrasará a México en la transición hacia energías renovables.

Agregan que si bien sectores como servicios y manufacturas, los que más aportan a la economía mexicana serán los más afectados; toda la economía depende del sector eléctrico, por lo que es un tema de impacto macroeconómico.

De aprobarse, la Iniciativa sería un caso más en el que la política económica resulta en un cambio de reglas ya iniciado el partido (empresas privadas invirtieron más de 40 mil millones de dólares bajo un esquema legal que se pretende cambiar ex-post) y de que los contratos pueden ser no respetados. Todo esto resultaría en disminuciones adicionales en la inversión y, por tanto, en la tasa de crecimiento potencial y en un menor nivel de vida para los mexicanos, en particular a los de menos ingresos.

Agregan que también sería altamente probable que se disparen controversias comerciales y se inhiba inversión, aunque suele ser argumentado que el sector energético no entra en el acuerdo comercial entre México Canadá y Estados Unidos (T-MEC), por el reconocimiento del derecho de México a modificar su Constitución y sus leyes, así como el dominio y propiedad de todos los hidrocarburos en el subsuelo del territorio nacional y zona económica exclusiva establecidos en el capítulo 8 del T-MEC; sin embargo se refiere únicamente a los hidrocarburos y a la propiedad del que se encuentra en el subsuelo; no a la generación de electricidad.

Ante lo anterior, señalan que si bien, como cualquier país, se tiene derecho a modificar la Constitución y las leyes propias, no significa que esas modificaciones puedan ir en contra de los acuerdos internacionales. Precisamente, el acuerdo prevé que la regulación sectorial no incremente restricciones, por ejemplo, a competidores internacionales.