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Tres retos económicos para el gobierno de Sheinbaum

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Tres retos económicos para el gobierno de Sheinbaum

El equipo de análisis de CIBanco señala que los tres retos económicos para el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum, corresponden a evitar una recesión, la solidez de las finanzas públicas y la incertidumbre jurídica.

En una nota informativa detalla cada uno de ellos:

Evitar una recesión. El crecimiento económico en términos reales durante la administración del presidente López Obrador fue muy modesto. En términos anuales, no llega al 1.0 por ciento, su menor nivel de los cinco sexenios previos. Aunque se habla del tema de la pandemia por Covid19, la realidad es que México fue de las economías más afectadas por la emergencia sanitaria y de las que más demoró en recuperar los niveles previos a la pandemia.

Con ello, en términos relativos la economía mexicana perdió competitividad. Incluso, con nuestro principal socio que es Estados Unidos, se amplió la diferencia en los tamaños de economías.

Además, la evidencia empírica muestra que el primer año de gobierno de una nueva administración, el crecimiento económico es menor que el año inmediato anterior. Con una perspectiva de expansión del PIB de 1.5 por ciento para 2024, aumentan las probabilidades de una caída en 2025.

Actualmente nuestra estimación en CIBanco es de 0.9 por ciento para el próximo año, pero con riesgos a la baja importantes, sobre todo dependiendo del desempeño de la economía estadounidense.

Así, será muy relevante el empeño de la nueva administración pública en facilitar el ambiente de negocios y aplicar políticas públicas que permitan a los agentes económicos acelerar los planes de inversión y consumo para evitar que la demanda agregada se rezague.

Solidez de las finanzas públicas. En los últimos 20 años, previo a la administración de López Obrador, México se había comprometido con éxito a mantener unas finanzas públicas sanas. Con ello, las métricas de balance público y deuda como porcentaje del PIB se mantuvieron en niveles manejables, propios de una economía con grado de inversión.

Sin embargo, los últimos tres años se caracterizaron por un creciente desequilibrio fiscal, con fuertes incrementos en gasto en proyectos que generan cierta incertidumbre sobre su viabilidad y productividad. Las propias agencias calificadoras castigaron este manejo a lo largo de la administración pasada y recortaron algunos grados la calificación de la deuda soberana de México.

Existe la intención por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum de enviar un Paquete Económico 2025 responsable, que atienda en mayor medida la preocupación de evitar que el déficit público se mantenga en niveles altos (cerrará este año alrededor del 6.0 por ciento del PIB) y que la trayectoria de la deuda como porcentaje del PIB sea descendente en el mediano plazo. No será una tarea fácil.

Reducciones en las métricas de balance público, en un escenario de menor crecimiento económico, sin aumento de impuestos y con mayores compromisos de programas sociales, implicaría la contracción muy fuerte del gasto público. Esto contribuiría a enturbiar aún más las débiles perspectivas económicas para 2025.

No será una tarea fácil lograr el equilibrio perfecto, entre un paquete económico que regrese la prudencia y solidez de las finanzas públicas y que no represente fuertes riesgos de ralentización económica.

Incertidumbre Jurídica. Es muy claro que actualmente la percepción entre inversionistas nacionales y extranjeros es que con la aprobación de la reforma al Poder Judicial hay un daño mayor a la división de poderes, lo que se traduce en quizá la mayor incertidumbre jurídica en nuestro país de las últimas tres décadas, lo que representa un fuerte obstáculo para la economía mexicana.

Tendrán que realizar una labor ardua de convencimiento con los empresarios de que sus inversiones estarán seguras y de que la justifica será completamente imparcial, cumpliendo también con los compromisos establecidos en acuerdos comerciales internacionales. Estas intenciones y dichos podrán concretarse en la legislación secundaria que regirá la reforma judicial, buscando incorporar medidas que reduzcan las actuales preocupaciones existentes.

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