NOM-247 es exagerada; terminará por impactar costos: AMPI

La implementación de la nueva Norma Mexicana (NOM) 247 SE 2021, que regula la operación de compra y venta de una vivienda, será positiva para el sector inmobiliario, tiene elementos que distan de la realidad del sector y esto terminará por impactar en los precios de servicios dentro de este, señaló la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI).

En entrevista para En Concreto, Ignacio Lacunza, vicepresidente nacional del organismo, indicó que existen muchas personas dentro de la actividad inmobiliaria que no tiene conocimiento para realizar las especificaciones que contempla dicha normatividad.

«Los formales cargaron demasiado peso y los informales siguen ahí. No veo en la norma dientes para agarrar a los que tanto daño hacen en la informalidad al fisco, calidad de la construcción y de su servicio», destacó.

De acuerdo con el representante de los inmobiliarios, la regulación a nivel federal podría tener dificultades al enfrentarse a cada disposición estatal que existan en el sector.

«Los inmuebles ya están sobre gravados fiscalmente hablando y sobre regulados. Nuestra actividad gremial del productor inmobiliario la regulan los estados, por eso 21 entidades tienen su ley, reglamento y están trabajando muy bien. Esta es una norma federal de obligación y establece los requisitos informativos para la comercialización de bienes inmuebles destinados a casa-habitación así como los elementos mínimos que deben contener los contratos de copra-venta de dichos inmuebles, y tiene como finalidad garantizar la protección efectiva de los derechos de los consumidores en este negocio. No podemos estar más de acuerdo y por eso profesionalizamos siempre a nuestros miembros, pero esta norma en mi opinión, se excedió», sostuvo Roberto Barrios, ex- presidente del organismo.

La regulación contempla planos, memorias descriptivas, cálculos, normas y especificaciones con información y definición de los aspectos de construcción de una obra.

Consideró que en muchas ocasiones los clientes ponen entre un 60 70 por ciento del patrimonio familiar histórico y que este sistema pide una especialización detallada que debería ir hacia los desarrolladores, no a los representantes de la transacción.

La regulación es aplicable a proveedores que sean fraccionadores, constructores, promotores y demás personas que intervengan en la asesoría y venta al público de inmuebles destinados a casa-habitación.

Es una observancia general y obliga a las personas físicas y morales que se dediquen directa o indirectamente a comercializar inmuebles en la República mexicana.

La norma contempla además una extensión en el saneamiento por evicción de uno a cinco años, lo que perjudicaría principalmente el rubro de vivienda usada, explicó Barrios.

«Es necesario que se regule, se proteja a los clientes, ya sea vendedor o comprador, pero está muy exagerada y lo que era cargado hasta exagerado para los desarrolladores, es de muy difícil cumplimiento, aunque lo tenemos que hacer porque es de observancia general», detalló.

Será la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) la instancia que dará seguimiento al cumplimiento de la norma; ante la instancia que dirige Ricardo Sheffield Padilla también se presentarán los contratos que se firme con clientes, entre otros documentos. «No veo mal la regulación para la protección del consumidor. Comprar una vivienda no es una decisión cualquiera y hay que protegerlos lo máximo posible, pero en zonas sísmicas como México, vender una vivienda usada y obligarte a cinco años para el caso de saneamientos es exagerado. Y no olvidemos que si lo que quiere es proteger a la población, el vendedor de su casa usada también lo es y no le puedes cargar a quien que vende una casa de dos millones de pesos, la responsabilidad de sanear en cinco años. Definitivamente tendría que haber una norma para desarrolladores y otra para promotores», declaró Barrientos.

Ignacio Lacunza consideró que todavía hay tiempo para impulsar una propuesta que esté enfocada en beneficio de los consumidores y que vaya en sintonía con el soporte jurídico y técnico requerido.

«Hay que aportarle a esto ciencia, tecnología y entre gobierno y los profesionales podemos llegar a un buen documento», concluyó.