S&P ratifica calificación soberana y plantea escenarios

Los analistas de S&P Global Ratings confirmaron las calificaciones soberanas de largo plazo en moneda extranjera de ‘BBB’ y en moneda local de ‘BBB+’ de México, con perspectiva se mantiene estable, el 1 de febrero de 2024. También confirmaron sus calificaciones soberanas de corto plazo de ‘A-2’. Mantenemos sin cambio nuestra evaluación de riesgo de transferencia y convertibilidad (T&C) de ‘A’.

En un comunicado detallan que lo anterior es porque las condiciones macroeconómicas estables, con un crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB) superior al 3 por ciento en 2023 respaldado por la sólida demanda interna y a la moderación de la inflación, preparan el camino para las elecciones nacionales de junio y la llegada de una nueva administración al poder en octubre, considerando que el próximo gobierno presentará un presupuesto para 2025 que reduzca el déficit público de 5 por ciento de este año.

Agrega que la perspectiva estable refleja su expectativa de que prevalecerá un manejo macroeconómico cauteloso durante los próximos dos años, a pesar de las complejas condiciones internacionales. Este horizonte incluye el período previo a las elecciones nacionales de junio, el período de transición presidencial y el inicio de la próxima administración.

Su escenario base considera que cual sea el resultado de las elecciones de junio, el próximo gobierno mantendrá la ejecución cautelosa de políticas macroeconómicas de México, incluida una política monetaria prudente y un retorno a déficits fiscales bajos. No prevemos avances en iniciativas políticas significativas que mejoren o perjudiquen el entorno de negocios de México, o afecten la tendencia del crecimiento económico, en medio de las elecciones en Estados Unidos y México este año.

Mientras que su escenario negativo estima retrocesos inesperados en la gestión macroeconómica o en las relaciones entre los socios del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) sobre el fortalecimiento de la cooperación, la resiliencia de la cadena de suministro y los vínculos transfronterizos, podrían debilitar la inversión y la confianza de los inversionistas, lo que derivaría en una baja de las calificaciones en los siguientes dos años.

Además de que déficits del gobierno general persistentemente más altos que se traduzcan en un aumento más pronunciado de lo esperado en la deuda del gobierno general aumentarían los riesgos fiscales, y agravarían el riesgo de apoyo extraordinario a las empresas estatales, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y también podría dar lugar a una baja de las calificaciones.

Asimismo, su escenario positivo prevé una gestión política y económica eficaz que impulse la trayectoria del débil crecimiento de México, por ejemplo, con un panorama de inversión más dinámica, podría traducirse en un alza de la calificación. De manera similar, las iniciativas que impulsen la flexibilidad presupuestal respalden las reservas fiscales, y que amplíen la base tributaria no petrolera para mitigar los potenciales pasivos contingentes provenientes de las empresas propiedad del gobierno en el sector de energía, podrían mejorar la calidad crediticia.

Dentro de sus consideraciones plantea que la democracia y el marco institucional de México han generado estabilidad política y cambios regulares de gobierno durante las últimas dos décadas. Esperan que las elecciones de este año no sean diferentes. El apoyo político a una gestión macroeconómica cautelosa ha apuntalado políticas fiscales y monetarias prudentes y un régimen cambiario flotante. Estos aspectos son clave para su evaluación de la calidad crediticia del soberano y han mantenido la confianza de los inversionistas y el acceso a los mercados internacionales de capitales, incluso en periodos de tendencias adversas a nivel mundial.

La credibilidad de la independencia del banco central de México (Banxico) y su capacidad para seguir una política monetaria de metas inflacionarias frente a circunstancias desafiantes tienen un rol predominante en su análisis, al igual que la sólida posición externa del país. A pesar de la cautelosa gestión macroeconómica en las últimas décadas, México no ha logrado un gran dinamismo económico en comparación con otros mercados emergentes.

Las expectativas de que el nearshoring (deslocalización de operaciones) impulse la tendencia del crecimiento aún no se han materializado, lo que subraya los desafíos que afronta un mayor crecimiento tendencial: seguridad energética e hídrica, necesidades de infraestructura, mano de obra calificada y estado de derecho.

Las elecciones nacionales de este año y el legado de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador dominan el panorama político. El periodo oficial para el inicio de las campañas electorales es el 1 de marzo, pero desde el año pasado se han realizado maniobras políticas. El índice de aprobación del presidente de más de 60 por ciento y el desempeño de Morena en las elecciones locales en los últimos dos años subrayan la fortaleza y las expectativas del partido.

Entre tanto, el descontento general antisistema pesa sobre el apoyo a los políticos de los partidos tradicionales. El Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) se postulan juntos bajo la coalición Fuerza y Corazón por México y han apuntado a lograr mayores avances en el Congreso desde las elecciones intermedias de 2021, además de aspirar a la presidencia. Movimiento Ciudadano (MC) se postula con un candidato propio para también diferenciarse de los partidos políticos tradicionales.

Aún estamos en etapas muy tempranas de la fase electoral, pero las encuestas hasta ahora colocan a la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum (Morena), por delante de la senadora Xóchitl Gálvez (Fuerza y Corazón) y Jorge Álvarez (MC). Los candidatos todavía están en el proceso de definir y comunicar la prioridad de sus políticas, y es probable que presenten diferentes enfoques de política en el sector energético, como el espacio para la inversión privada y la velocidad de una transición verde.

Sin embargo, los sucesivos gobiernos de diferentes ideologías han mantenido finanzas públicas generalmente sólidas, inflación baja y crecimiento económico moderado en las últimas décadas. La integración económica estructural dentro de América del Norte junto con la ejecución cautelosa de la política macroeconómica sentó las bases para la resiliencia económica desde que comenzó la pandemia de COVID-19.

Consideran que esta estabilidad política e institucional se mantendrá después de las elecciones y que la clase política de México intentará aprovechar las oportunidades del nearshoring y diversificar el dinamismo del crecimiento en todo el país. No esperamos que se aprueben iniciativas políticas importantes, especialmente aquellas que requieran de una negociación entre los partidos, de aquí a las elecciones, dado el ambiente preelectoral.

El mandato del próximo presidente y la composición del Congreso darán información sobre las expectativas para avanzar en cambios estructurales y constitucionales, como los que apuntan a reformar el sector eléctrico, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el poder judicial, por nombrar algunos.

Consideran que el próximo gobierno corregirá el aumento del déficit este año, en línea con el historial de las políticas establecidas en México. También esperan control sobre el gasto en nuestras proyecciones, cualesquiera que sean las políticas prioritarias específicas de la próxima administración. Suponemos que la próxima administración continuará con la recaudación concertada de impuestos de los contribuyentes existentes y con los esfuerzos para reducir la evasión fiscal.

Varios fondos de estabilización han aumentado marginalmente desde que disminuyó la pandemia, pero los fondos del Fondo Federal de Estabilización de Ingresos Presupuestarios (FEIP) totalizaron $41,000 millones de pesos mexicanos (MXN), aproximadamente 0.1 por ciento del PIB, en diciembre de 2023. La pequeña protección que esto proporciona se complementa con otros activos de fondos fiduciarios consolidados para organismos autónomos.

La composición de la deuda soberana de México limita el riesgo de mercado y de tasa de interés. Alrededor del 84 por ciento de la deuda del gobierno central se emite en moneda local en el mercado nacional, y alrededor del 57 por ciento de esa deuda es a tasa de interés fija y 47 por ciento a tasa fija y a largo plazo. La vida media de la deuda externa del gobierno central es de alrededor de 21 años, y la vida promedio de la deuda interna es de alrededor de ocho años.

Aunque el gobierno central depende principalmente del mercado interno para financiar su deuda, se mantiene activo en los mercados internacionales de capital. En 2024, ya ha acudido a los mercados globales dos veces, con una colocación de US$9,500 millones en total con cuatro bonos, los cuales tuvieron una sobredemanda considerable. Este año, en efecto, el gobierno está adquiriendo deuda formalmente en nombre de Pemex, dada una partida en el presupuesto para cubrir el 90 por ciento de las amortizaciones de la empresa. Esto refuerza el plan de endeudamiento en moneda extranjera previsto por el gobierno en 2024 en alrededor de 14,000 millones de dólares.

Su análisis de la política fiscal en México abarca al sector público dado el papel de Pemex, y de la CFE. El gobierno actual ha detenido en gran medida la reforma del sector de energía de 2013. Si bien el gobierno continúa cumpliendo los contratos existentes con empresas privadas, ha cancelado futuras rondas de licitación hasta nuevo aviso. También ha limitado el alcance de las empresas privadas, confinándolas en gran medida a contratos de servicios y licitaciones limitadas para proyectos específicos.