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Con baja probabilidad deportación masiva

La administración Trump seguramente ejercerá una presión hostil contra los migrantes y repercutirá en su calidad de vida, pero habrá poco efecto en el volumen total de migrantes no autorizados en Estados Unidos ya que un programa de deportaciones masivas en una economía que se encuentra en una situación de pleno empleo tendría efectos recesivos e inflacionarios significativos, señalan Juan José Li Ng y Carlos Serrano, analistas de BBVA Research.
En su estudio denominado “Trump 2.0 Deportación masiva: un evento de baja probabilidad”, señalan que, en particular, los sectores agropecuarios y de construcción entrarían en contracción, más ahora que habrá una fuerte demanda de construcción de vivienda debido a los incendios en la ciudad de Los Ángeles. https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2025/01/Trump2-Deportacion-masiva.pdf
Agregan que si bien el tema migratorio fue fundamental para la elección de Trump, también lo fue el crecimiento en la tasa de inflación durante la presidencia de Biden. En este sentido, es difícil pensar que se implementará una política de deportaciones masivas que resultaría en un aumento permanente en la tasa de inflación al resultar en presiones significativas en los salarios.
Señalan que la migración es un tema muy sensible y relevante en Estados Unidos y sin duda la postura del presidente Trump fue determinante para la decisión final de los votantes para elegir al 47° presidente. El hoy presidente declaró recientemente que el tema migratorio había sido el principal factor que lo llevó a ganar la elección. Trump sintetizó en el proyecto Agenda 47 sus 20 compromisos de su plataforma electoral 2025-2028, de los cuales 4 son directamente sobre el tema migratorio.
El discurso del presidente Trump es que los migrantes no documentados son responsables de muchos problemas que hay en Estados Unidos (uso indebido de programas públicos, inflación, violencia, drogas, etc.), y muchos de sus simpatizantes así lo creen, si bien múltiples estudios muestran que los migrantes cometen menos crímenes que la población nacida en Estados Unidos (Abramitzky et al., 2023).
Su solución: una deportación masiva de migrantes no documentados. Consideramos que este escenario tiene una probabilidad de ocurrencia muy baja, debido a las siguientes razones:
Se estima que 51.5 millones de migrantes residen en Estados Unidos, lo que representa el 15.6 por ciento del total de la población de ese país en 2023. Gran parte de esta población ya cuenta con la ciudadanía estadounidense, la residencia permanente u otro estatus migratorio documentado. Se estima que de estos 51.5 millones de migrantes, 11.0 millones (21.4 por ciento) se encuentran en una situación migratoria irregular o son no documentados, y que de estos entre 8.5 millones y 10 millones están en la fuerza laboral.
En cuanto a la población migrante mexicana en Estados Unidos, se estima que hay poco más de 12 millones, de los cuales 4 millones tienen la ciudadanía estadounidense, otros 3.9 millones tienen Green Card u otro estatus documentado y 4.1 millones son no documentados. De este último grupo, 430,000 tienen la protección para residir y trabajar en Estados Unidos gracias a la Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA).
Se podría pensar que los migrantes no documentados en Estados Unidos comparten un techo cercano a una fuente de trabajo agropecuario o rural, y que a través de redadas se podría atrapar a gran parte de esta población. Nada más lejos de la realidad. Existen muchos de estos casos, pero son una parte ínfima en el total de migrantes no documentados., cerca del 70 por ciento de la población migrante no documentada reside en hogares con una composición migratoria mixta: ciudadanos estadounidenses por nacimiento, ciudadanos por naturalización, residentes permanentes, personas con algún alivio migratorio, personas con visa, entre otros.
Es casi imposible deportar a un gran volumen de migrantes no documentados dado que están ampliamente dispersos en muchos hogares y a lo largo y ancho de los 50 estados de la Unión Americana. De acuerdo con el Pew Research Center, los cerca de 11 millones de migrantes no documentados que residen en Estados Unidos habitan en 6.3 millones de hogares; es decir, 1 de cada 20 hogares en ese país tiene al menos un migrante no documentado (Passel & Krogstad, 2024).
Así, si la autoridad migratoria logra identificar alguna vivienda con migrantes no documentados, es casi seguro que solo haya una o dos personas no documentadas en el hogar, por lo rastrear a todos sería una actividad titánica que implicaría una revisión casa por casa que tendría altos costos fiscales.
Aunque las leyes de inmigración son de carácter federal, gran parte de las detenciones de migrantes no documentados en el interior de Estados Unidos se inician por acciones o notificaciones de autoridades locales. Se estima que 6.1 de los 11.0 millones de migrantes no documentados, 56 por ciento del total, residen en un estado con un gobernador del partido demócrata. Aunque no es una regla, estos estados tienden a cooperar menos o muy poco con las autoridades migratorias federales
Oregon e Illinois son los estados con las leyes que más protegen a los migrantes, independientemente de su estatus migratorio, y le siguen en importancia California, Nueva Jersey y Washington, que también tienen leyes de jurisdicción santuario bastante amplias. Otros estados como Colorado, Connecticut, Maryland, Vermont, Nueva York y Rhode Island tienen algunas leyes que limitan la cooperación con las autoridades migratorias (ILRC, 2024).
Si la administración del presidente Trump, y de los estados predominantemente anti-inmigrantes, endurecen las medidas migratorias, es posible que se observe un desplazamiento de la población migrante no documentada hacia estados “santuarios”; aunque consideramos que este movimiento interestatal no va a ser de una magnitud grande, y mucho menos consideramos que opten por retornar a sus países de origen.