Derivaría en afectaciones millonarias para todos los sectores, especialistas

Aunque la discusión y en su caso aprobación de la reforma constitucional en materia eléctrica se pospuso hasta abril del 2022, las opiniones y voces en contra por los daños que le causarán al país al interior y exterior al violar el Estado de Derecho, afectaciones a la competitividad y a los consumidores, son claras y millonarias para distintos sectores.

Tan solo, la industria nacional, pagará un sobrecosto energético de hasta 42%, lo que significaría “un tiro de gracia” y a México, las demandas le costarán 120 mil millones de dólares.

Senadores, diputados, académicos, empresarios e investigadores, tienen claros los efectos que tendrá la reforma de ser avalada, en el medio ambiente, la seguridad y certeza para la inversión, las finanzas públicas, el mercado eléctrico y el compromiso de acuerdos internacionales, la incertidumbre jurídica, la competitividad y el bienestar social.

Jaleyna de la Peña, integrante del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, precisó que más allá de que ésta sea destructiva, signifique un retroceso, incumplimiento y violaciones a tratados internacionales, uno de los aspectos más graves, es el daño económico que se estima en por lo menos 44 mil millones de dólares en capacidad instalada de generación privada.

Por su parte, el Consejero Nacional de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas (ANADE), José Ángel Santiago Ábrego, dijo que, de entrar en vigor, la iniciativa desconocerá derechos adquiridos por los permisionarios para desarrollar y operar una central eléctrica, derecho al retorno de inversión y a la obtención de una rentabilidad razonable, proyectada conforme a sus planes de negocio. “La medida afectaría irremediablemente el principio de retroactividad, cuestión que revive la interrogante de si es procedente o no, el juicio de amparo para impugnar este tipo de acciones”.

En opinión del consejero delegado de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Mario de la Garza, las expropiaciones de facto, que dijo, se darían inmediatamente cuando entre en vigor la iniciativa, la primera, relacionada con las acciones que deberán seguir las empresas extranjeras que invierten en el sector eléctrico en México, valiéndose de los mecanismos de los más de 40 tratados celebrados que vienen con protección a inversionistas y la segunda, con la desprotección de los inversionistas nacionales que no cuentan con los mismos recursos legales.

Francisco Salazar Diez de Sollano, ex presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), aseguró que el cambio en la lógica de distribución que se pretende implementar con esta iniciativa, costaría al país tres mil millones de dólares por año.

Sofía Ramírez Aguilar, directora general de ¿México, ¿cómo vamos? Fue más allá al señalar que todos los empleos necesitan algún tipo de energía para poder llevarse a cabo, por lo que, de registrarse apagones, habrá un impacto directo en el empleo de las personas, además de que si hay costos más altos de energía, habrá recortes de costos en horas trabajadas y subrayó “sin electricidad no hay empleos, sin suficiente electricidad lo más probable es que haya menos empleos”.

Óscar Ocampo, coordinador de Energía del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) se enfocó en un tema puntual, “la pérdida de competitividad” del país a partir de una eventual aprobación de la reforma, lo que inhibiría la capacidad del país de atraer inversiones y retener el talento a largo plazo.

“El incremento de costos de generación para industrias como la automotriz, que perdería rentabilidad en por lo menos un 14 por ciento, sumado al tema de la afectación al medio ambiente y a que los consumidores no puedan elegir suministradores que les garanticen energías limpias y advirtió que “con la iniciativa pierden los consumidores, porque habrá bienes más costosos, menor empleo y se ancla la competitividad a un pasado de combustibles fósiles”.

Isidro Morales Moreno, director en jefe de Latín American Policy y asociado externo al Centro de Estudios de Energía del Instituto Baker de la Universidad Rice, a su vez, precisó que la debilidad del sector energético se encuentra en la dependencia del país en cuanto a la importación de gas -que es del 94 por ciento- para generar electricidad, por lo que es necesario, establecer medidas que contribuyan a paliar esta situación, una de ellas, elevar la producción de energías renovables y la otra, elevar la producción del gas.

Pero los daños para el bienestar social, también se darán con resultados muy peligrosos.

Lorena Jiménez Salcedo, consejera nacional de la Coparmex, destacó que se tendrían que incrementar los subsidios, rubro en el cual la CFE recibirá 73 mil millones de pesos para el 2022 y el segundo, el encarecimiento de los productos en general. Puntualizó que en México se debe apostar por energías limpias, plantas modernas de generación y condiciones de mercado que generen competencia para evitar así el impacto que esta reforma traería a las finanzas públicas, así como a las familias.

Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa dijo que, con base en una reflexión profunda de la afectación en materia fiscal, la iniciativa no cuenta con un estudio de impacto presupuestario y fiscal, necesario para que los legisladores puedan tomar una decisión adecuada al respecto y saber ¿cómo le vamos a hacer para invertir en CFE? . Añadió que esta iniciativa, a la que calificó como un retroceso que generará menor crecimiento, impactará en la recaudación tributaria pues cada punto de crecimiento que no se materialice tiene un valor de 46 mil millones de pesos en el erario.

Mientras que la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Patricia Terrazas Baca, secretaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, expone que la iniciativa genera incertidumbre jurídica y económica. Respecto al impacto de esta en la hacienda pública, habló de la disminución de inversión extranjera, que ya en 2020 tuvo un descenso de 11.7 por ciento respecto a 2019; de la pérdida de atractivo del país frente a otras naciones y también mencionó como riesgos la eliminación de la competencia entre CFE y el sector privado; la revocación de permisos y contratos, el declarar a la electricidad como sector estratégico y la cancelación de órganos reguladores autónomos.

“Esta iniciativa, es más una ocurrencia, pone en riesgo de quiebra a los privados, incentiva la pérdida de empleos, condiciona el aumento de precios a consumidores finales y por supuesto, representa un impacto a la hacienda pública y al bienestar pues hay menor inversión, además de que va en contra de lo que el país necesita, que es certidumbre jurídica y estado de derecho”, indicó.

En esa misma línea, Edgar Alvarado, presidente de Ombudsman Energía México aseguró que el Ejecutivo busca con esta propuesta regresar a una estructura de monopolio o monopsonio. En cuanto a las afectaciones económicas y al bienestar, aunque dijo que son difíciles de cuantificar y muchas de ellas dejarán una huella irreversible porque afectarán los derechos de las nuevas generaciones, se estima que el impacto podría rondar los 21 mil millones de dólares en afectaciones al bienestar social y el impacto hacendario que pagaría el usuario final.

Víctor Ramírez, vocero de la Plataforma México, Clima y Energía, advirtió sobre el elevado costo que pagará el sector industrial, al tiempo que alertó que si el país, no cumple con sus obligaciones internacionales, se hará acreedor de forma unilateral de la imposición de aranceles, lo que incrementará los productos nacionales en un 15% por incumplimiento.

“No hay una forma con la actual política energética y menos con la reforma eléctrica que pudiera cumplirse con los acuerdos internacionales y se darían pasos atrás”, dijo.

Por ello, el especialista, mencionó que al cancelarse los permisos de auto abasto, la iniciativa privada, las grandes empresas, todos los usuarios de autoabastecimiento, tendrían un incremento de costo de energía de entre 15 y 30% de saque, “pero además la CFE (Comisión Federal de Electricidad) tendría que hacer uso de plantas que ya tiene en el retiro, o que no se despachan tendría que usarlas, lo cual significa en promedio otro 17% de capacidad extra de generación, según cuentas, el promedio de incremento de costo de energía para la gran industria, en promedio rondaría el 42% el costo de generación lo que sería un golpe tremendo”.

Por su parte, Gustavo Alanís, presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), acusó que detrás de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López es “privilegiar el combustóleo y el carbón, contra nuestro derecho constitucional a la salud y a un medio ambiente sano, y con esto tiene implicaciones con la contaminación e emitir más gas invernadero que causa el cambio climático, y las energías renovables quedan como no prioritarias”.

En ese marco, el presidente de Coparmex, José Medina Mora, dijo que la patronal coincide con los objetivos de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de proveer luz a precios accesibles a los usuarios.

“Por lo que nos preocupan en esta reforma, temas como el Estado de Derecho, respecto a la cancelación de contratos legales; el cuidado del medio ambiente, en el que México iría “en sentido contrario” a la tendencia en el mundo; las finanzas públicas, específicamente las de la CFE; la competitividad, en cuanto al autoabastecimiento, así como la afectación a la economía familiar por el incremento de tarifas.

Gabriel Quadri, secretario de la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad de la bancada albiazul, señaló que la reforma del 2013 acabó con el monopolio y permitió la inversión; en cambio, esta contrarreforma acabará con la certeza jurídica, la certidumbre para la inversión, ocasionará la salida de México del Acuerdo de París, la muerte por contaminación y sería “una tragedia para el país, además de que se les estaría dando el tiro de gracia a las empresas y a la industria nacional que han vivido una gran complicación con la crisis sanitaria”, concluyó.

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