Los cambios a la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) buscan mejorar procesos en beneficio de la ciudadanía, así como garantizar certidumbre jurídica de los proveedores y optimizar el sector económico, de acuerdo con el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo.

Por Noé Álvarez

Durante su participación, el Secretario de Economía explicó que el nuevo marco legal surgido a partir de los cambios a la LFPC es un instrumento que se debe aprovechar en toda su dimensión, además de que aún se tienen varios meses para trabajar en la agenda productiva del sector y mejorar la economía del país.

Uno de los cambios que implementó la Procuraduría  en la reforma es que ahora se podrá cobrar multas y serán tomadas como créditos fiscales con lo que se otorgará más transparencia; en el caso de los proveedores, podrían enfrentar repercusiones fiscales en caso de no cubrir sus multas, aseguró Rogelio Cerda Pérez, titular de la Profeco.

Debido a los hechos ocurridos durante el sismo del 19 de septiembre donde los comerciantes elevaron los precios de sus productos arbitrariamente, ahora “los proveedores no podrán incrementar injustificadamente precios por fenómenos naturales, meteorológicos o contingencias sanitarias”, puntualizó.

Ante el inminente avance y la escasa regulación del e-commerce en el país, establece que para la venta de estos productos se debe cumplir con la Norma Mexicana expedida por la Secretaría de Economía para adecuar las condiciones cambiantes del comercio electrónico en el país y el mundo.

Esta reforma refuerza las facultades de la Profeco en el caso de los negocios a los que se les colocaba un sello de “Clausurado”,  pues no se contaba con un plazo fijo para quitarlo, y en protección a las empresas ahora se podrá levantar el sello en un máximo de 10 días.

Por último, en el Capítulo IX, Artículo 77, que habla sobre las garantías, se aumenta el plazo de garantía entre el proveedor y consumidor al pasar de 60 a 90 días a partir de la entrega del bien adquirido.

Por más de 25 años la Ley Federal de Protección al Consumidor no había sufrido ningún cambio hasta el 11 enero pasado cuando se publicó el decreto en el Diario Oficial de la Federación.

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