La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica podría tener consecuencias negativas en términos de costos de la electricidad y de la confianza en el país para realizar inversiones, coincidieron Alejandra Marcos y Santiago Fernández, directora y subdirector de Análisis en Intercam Grupo Financiero, quienes subrayan que las implicaciones para el sector energético pueden derivar, entre otras cosas,

Los especialistas coincidieron en que los cambios aprobados por las cámaras de Diputados y Senadores, podrían manifestarse en el precio al que se ofrece la energía en la red y el deterioro del medio ambiente, porque las plantas de la CFE, a las que se les ha dado preferencia en la generación y conexión a la red, son centrales que generan electricidad a partir de combustóleo y carbón, energías no renovables y contaminantes que además tienen mayores costos de generación.

En un análisis destacan que los afectados de manera inmediata serían todos aquellos inversionistas que destinaron capital para la construcción de parques eólicos o solares, pues ya no gozarán de las preferencias que les otorgaba la ley anterior y podrían ver menos rentabilidad, algo que podría reducir los incentivos para mayores inversiones.

Algo similar sucedería con generadores de autoconsumo y cogeneradores, afectados por la posibilidad abierta de revocación de permisos. Adicionalmente, dados los planteamientos de la ley y la posible disminución de la rentabilidad de los proyectos de los privados podríamos suponer la posible desinversión a costos marginales en este tipo de proyectos.

En ese sentido, las consecuencias de la reforma podrían resumirse en: un posible encarecimiento de la electricidad y menores incentivos de inversión en el sector. La falta total de interés de la inversión privada en el sector.

También consideran que las acciones del gobierno tienen consecuencias en la confianza de inversionistas en otros sectores y en la credibilidad del país. Adicionalmente existe el riesgo de que empresas extranjeras afectadas acudan a mecanismos de solución de controversias dentro de los acuerdos de libre comercio firmados por México.

Por ejemplo, el T-MEC o el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, que buscan proteger la seguridad de las inversiones realizadas y les protegen ante cambios unilaterales de las reglas de operación de la industria.

Otro punto que manifiestan es que México forma parte de acuerdos internacionales en materia de cambio climático y desarrollo sustentable que no están alineados con la filosofía de la nueva política eléctrica.

En un mayor plazo, consideran que es posible que los cambios a la ley aumenten el riesgo crediticio de México y que veamos modificaciones a las calificaciones de crédito ante la necesidad de mayores apoyos del gobierno federal a estas empresas (Pemex y CFE). Ello irremediablemente traería consecuencias en el tipo de cambio y en las inversiones de portafolio.

¿Qué contiene la reforma?

La reforma busca modificar los mecanismos vigentes para el despacho de energía eléctrica en el país, es decir, las reglas que definen qué centrales eléctricas pueden suministrar energía a la red nacional, de acuerdo con prioridades establecidas en la misma ley.

La reforma dará prioridad al despacho de energía generada en las centrales de la CFE, por encima de centrales de energía eólica, solar y de ciclo combinado de particulares.

Sólo la generación de energía en centrales hidroeléctricas tendrá preferencia sobre las plantas de la CFE, pero como éstas son insuficientes para cubrir la demanda total de electricidad, las centrales de la paraestatal serán las beneficiadas y las primeras encargadas de cubrir esa carencia, pues la reforma las coloca en el segundo lugar de preferencia como suministradoras de energía en la red eléctrica.

Además, se elimina el procedimiento de subastas para la compra de electricidad por parte de la Comisión para alimentar la red.

Previo a la reforma, la CFE estaba obligada a comprar electricidad con base en subastas, en las que tanto centrales públicas y privadas colocaban posturas de oferta de energía a un precio.

El mecanismo tenía la finalidad de que la empresa tomara posturas de las centrales que ofrecían la energía a precios más baratos, garantizando que en la red pudiera tenerse acceso a la electricidad con los precios más bajos posibles.

La paraestatal ya no estará obligada a seguir el procedimiento de subastas y podrá optar por comprar la energía de cualquier planta, siempre y cuando siga las prioridades establecidas en la ley (primero comprar a hidroeléctricas, luego a plantas de la CFE, etc.).

Otros dos cambios importantes en la reforma tienen que ver con la emisión de Certificados de Energía Limpia (CEL) y la revocación de permisos entregados bajo la ley anterior. La entrega de CEL antes de la reforma era exclusiva para plantas nuevas de generación eléctrica, con la intención de incentivar nueva inversión en el sector para la producción de electricidad de manera sustentable.

Ahora, incluso plantas viejas podrán recibir el certificado. En cuanto a la revocación de permisos, ahora la Comisión Reguladora de Energía (CRE) podrá retirar permisos de manera discrecional, previamente otorgados a pequeños generadores, que habían podido generar por cuenta propia la electricidad para su consumo.

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