Favorecerá a la CFE al limitar participación privada

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señala que la iniciativa que reforma los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia energética favorecería, de ser aprobada como fue enviada al Legislativo, a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) al limitar la participación de la industria privada en el mercado eléctrico y paralelamente afectaría al sector al reducir la competitividad al elevar los costos de la electricidad para los hogares y las empresas mexicanas, dañaría al medio ambiete y atentaría contra el Estado de derecho en una industria clave para la economía nacional.

Además de que desmantelará la estructura institucional regulatoria del mercado eléctrico actual.

En su boletín “Iniciativa de reforma constitucional en materia energética: México necesita competencia en el mercado eléctrico”, https://imco.org.mx/legislar-contra-la-competencia/, señala que lo planteado en la iniciativa reduce la competitividad del país al elevar los costos de la electricidad para los hogares y las empresas mexicanas, daña al medio ambiente y atenta contra el Estado de derecho en un sector clave para la economía nacional.

Considera que, de aprobarse, los principales afectados serán los mexicanos, quienes pagarán el costo a las finanzas públicas, ya sea a través de mayores tarifas eléctricas o mediante impuestos que serán necesarios para financiar los mayores costos de generación.

Expone que deberán asumir el costo ambiental de apostar por combustibles fósiles en un mundo donde la descarbonización se ha vuelto la norma, y enfrentar las consecuencias de ser un país con menores oportunidades de crecimiento y desarrollo económico.

El espíritu y letra de la propuesta es revertir la apertura del sector eléctrico al garantizar el 54% de participación de mercado de generación eléctrica a la CFE a costa de la inversión privada. Asimismo, pretende eliminar el andamiaje institucional que permite el funcionamiento del mercado al desaparecer a los órganos reguladores del sector energético –la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)– y al integrar el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) a la CFE.

La reestructuración implicaría la eliminación de la separación horizontal y vertical de la empresa en subsidiarias y filiales para reconcentrar las actividades del sector eléctrico en el antiguo monopolio del Estado y desaparecer, en los hechos, el mercado eléctrico mayorista (MEM).

La iniciativa retoma elementos de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica aprobada por el Congreso en marzo de 2021 –actualmente suspendida por litigios en el Poder Judicial–, pero va aún más allá al eliminar a los órganos reguladores y al operador del MEM para incorporarlos a la estructura de la CFE. De aprobarse, la reforma convertiría a la CFE tanto en regulador sectorial como operador del sistema, a la vez que se mantiene como un participante del mercado.

En otras palabras, la empresa tendría la facultad de establecer tarifas y otorgar permisos, así como decidir qué centrales inyectan su energía a la red y en qué momento lo hacen.

La exposición de motivos subraya la intención de fortalecer a la CFE independientemente de consideraciones económicas o ambientales. Establecer un umbral de forma arbitraria para que la CFE mantenga una determinada participación en la generación eléctrica significa un retroceso para la eficiencia de la empresa al obligarla a generar energía más costosa que la producida por sus contrapartes privadas.

Fortalecer a la CFE pasa por reconocer que la empresa no tiene los recursos para ser el único jugador en todos los eslabones de la cadena de valor de la electricidad –generación, transmisión, distribución y comercialización– y priorizar aquellos segmentos que le generan mayor rentabilidad, como sus monopolios legales en transmisión y distribución eléctrica y su negocio de compraventa de combustibles.

Indica que los países que rechazan la transición energética pierden competitividad. Se requieren políticas públicas y regulación que se adapten a un ecosistema de descarbonización y la electrificación de la economía. El Estado no puede ser el único actor a cargo de la transición energética.

De esta forma, el debate parlamentario deberá estar fundamentado en datos y evidencia, con la participación de todas las partes involucradas. De aprobarse, esta iniciativa elimina la posibilidad de aspirar a tarifas competitivas y energía limpia para los hogares y el sector productivo y representaría un retroceso histórico para la construcción de un México más competitivo.

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