Luego de que el dictamen de la iniciativa preferente del presidente Andrés Manuel López Obrador para modificar la Ley de la Industria Eléctrica, fue aprobada con el voto a favor de 22 diputados de Morena y del Partido del Trabajo (PT) y 10 en contra, con lo que pasa al pleno del órgano legislativo para que sean discutidas sus reservas el próximo martes, la Coparamex pidió que se analicen las afectación que puede traer esa iniciativa preferente.

En reacción a la aprobación referida en San Lázaro, la Coparmex dijo que ratifica lo expuesto en un comunicado emitido hoy en el sentido de que centros empresariales de todo el país envían cartas a legisladores federales para advertirles los riesgos de aprobar una reforma sin tomar en cuenta a los ciudadanos.

“Aprobar la iniciativa preferente enviada por el Ejecutivo impactará en las tarifas y dañará economía de familias, trabajadores y empresas, por lo que hay que privilegiar a los usuarios y no a una sola empresa, como la Comisión Federal de Electricidad”, subrayó el organismo.

Precisó que en las cartas enviadas a los diputados federales se dejó en claro que desde la Coparmex “estaremos atentos al sentido de su voto en esta agenda tan relevante, y que confiamos en que su decisión será rechazar los términos en que se encuentra la iniciativa preferente para dar pie a un espacio de análisis y reflexión más profunda sobre el tema que permita a los legisladores estar a la altura de los desafíos que enfrenta el país y de las soluciones que se requieren en beneficio exclusivo de los mexicanos y no de cualquier otro interés”.

Hoy en San Lázaro, al iniciar la tercera ronda de posturas, la diputada Raquel Bonilla Herrera, de Morena, expresó que con esta iniciativa se busca acabar con años de saqueos y promover el reconocimiento de los costos totales de generación, ya que esto permite una competencia en condiciones de equidad con todos los participantes del mercado, con un verdadero piso parejo y reconociendo a CFE como generador de energías limpias y eliminando la posibilidad de subastas.

Por el mismo grupo parlamentario, el diputado Eulalio Juan Ríos Fararoni resaltó que hoy se recupera la soberanía nacional energética que necesita el país y cuestionó que se pelee la generación en lugar de la transmisión. “El negocio está en la generación, pero los mexicanos pagamos la transmisión; estamos dando un piso parejo”.

La diputada también morenista Sandra Paola González Castañeda, señaló que hablar de seguridad nacional engloba, por supuesto, la soberanía energética. “Mientras dependamos de otros países para solventar nuestra propia energía, como es el caso que en este momento dependemos del 95 por ciento de Texas para abastecer el gas en México, no podemos hablar de una seguridad nacional”. Aseguró que se está en camino de construir una soberanía energética.

También de Morena, la diputada Juana Carrillo Luna mencionó que la propuesta del Ejecutivo busca revertir el daño que las administraciones pasadas le hicieron a la CFE, además, consideró que confiar la producción energética en fuentes renovables generaría una parálisis no sólo en la producción económica, sino en la vida diaria en las personas, por lo que su voto será a favor.

De ese mismo partido, Mirtha Iliana Villalvazo Amaya dijo que esta reforma que hoy se analiza plantea terminar con los engaños y burlas de las grandes empresas que se aprovechan de los subsidios y subrayó que esta ley no es de retroactividad.

Su compañero de bancada, Diego Eduardo Del Bosque Villarreal manifestó que hay dos grandes mentiras entorno a la reforma en cuestión, pues se dice que va en contra del libre mercado y del medio ambiente, cuando “se busca concluir con el mercado simulado que se generó con la reforma de Peña Nieto y dejar de hacer jugosos negocios, a costa de los recursos”. 

El diputado de Acción Nacional, Justino Eugenio Arriaga Rojas, señaló que al Gobierno Federal y al partido mayoritario, no le interesa el medio ambiente, cuando en México la contaminación avanza y se sigue con graves problemas de salud. Ejemplo de ello, dijo, son los efectos generados a la población de la termoeléctrica en Salamanca, Guanajuato. 

La diputada panista, María de los Ángeles Ayala Díaz, dijo estar en contra del documento, toda vez que si se corre el nuevo modelo en los despachos, en los resultados habrá un incremento en los costos de abastecimiento del suministro básico por más de 15 millones de dólares en el periodo del 2022 al 2026, lo que implicará un promedio de 63 mil 300 millones de pesos por año. Enfatizó que “las energías renovables no son un cambio a futuro o un experimento, sino una realidad”.

La diputada Soraya Pérez Munguía (PRI) mencionó que se ha estado retomando el tema de certificados de energía limpia y la posibilidad de quitar la fecha para que las hidroeléctricas de CFE se contemplen, “pero esto va en sentido contrario a una práctica que es internacionalmente aceptada”. Precisó que, si se quita la fecha, “no estaríamos avanzando en mejorar el ecosistema, el medio ambiente y contra la contaminación”. 

Por el mismo grupo parlamentario, el diputado Enrique Ochoa Reza consideró que se debe tener una soberanía de gas y regular mejor el fracking para que se pueda extraer gas natural en México en lugar de importarlo de Texas. “O encontramos la manera de emular las mejores prácticas en materia ecológica para incorporar el fracking como técnica en México o lamentablemente no va a haber la capacidad de ser autosuficiente en gas natural, porque no se extrae más gas natural por decreto, se tiene que extraer en la realidad”. 

El diputado petista, Gerardo Fernández Noroña precisó que se produce energía eléctrica con el 1.1 de combustóleo. “Dos camiones viejos que están usando esas empresas supuestamente de energías limpias, contaminan más que una planta productora de electricidad; se está haciendo un mito insistente para justificar la defensa de las empresas extranjeras; libre mercado se está dando, ya no más CFE atada de manos”.

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