SCJN atraerá amparos contra impuesto ambiental en NL

Con el objetivo de fijar un criterio sobre la legalidad del gravamen, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió atraer nueve de los 18 amparos promovidos por empresas pedreras contra el impuesto ambiental que cobra el Gobierno de Nuevo León, en tanto que los nueve restantes ya quedaron resueltos en definitiva y no podrán modificarse.

La mitad de los juicios obtuvo sentencias firmes a favor de las compañías, por lo que ya no existe recurso legal que permita su modificación, de acuerdo con abogados involucrados en los casos. Los litigantes señalaron que los fallos confirman que el llamado Impuesto Ambiental por Contaminación en la Extracción de Materiales Pétreos invade atribuciones federales, dado que la actividad está regulada por la Ley Minera.

Aproximadamente nueve resoluciones quedaron firmes después de pasar por tribunales colegiados, explicó uno de los abogados consultados quien dijo que hay amparos que ya son tema juzgado. Para las demás compañías, en cambio, la decisión ahora dependerá de la Corte.

Siete amparos en revisión y dos recursos de queja promovidos por distintas pedreras, que consideran ilegal el impuesto aplicado desde 2022, fueron atraídos por el máximo tribunal del país, a petición del Gobierno estatal después de la acumulación de recursos. La decisión de atracción fue aprobada por ocho ministros, con el voto en contra de la ministra Yasmín Esquivel.

Como parte de los cuatro gravámenes ecológicos impulsados en la administración de Samuel García, el impuesto generó una recaudación de 2 mil 245.8 millones de pesos entre 2022 y el tercer trimestre de 2025, según cifras oficiales. Las empresas obligadas deben presentar reportes mensuales de sus emisiones y asumir cargos adicionales por contaminación.

La determinación de la SCJN en 2020 sobre la constitucionalidad de los impuestos ecológicos de Zacatecas no resulta aplicable para las pedreras en Nuevo León, según sus abogados, quienes argumentan que la naturaleza del gravamen y su posible interferencia con el impuesto minero federal generan un conflicto competencial distinto.

Para los litigantes, si la SCJN valida el impuesto, las consecuencias alcanzarán únicamente a quienes no obtuvieron una sentencia definitiva, mientras que una declaración de inconstitucionalidad confirmará el criterio ya establecido en las resoluciones firmes. En ese contexto, la resolución que emita la Corte sólo impactará a los amparos aún pendientes y dejará intocados los nueve casos ya sentenciados a favor de las empresas.

Durante la primera mitad de 2025, los ingresos de Nuevo León derivados del impuesto verde cayeron 42% respecto a periodos anteriores y se limitaron a 325.6 millones de pesos, lo que refleja el retroceso considerable que mostró esta recaudación. En noviembre de este año, la administración estatal apenas reunió el 38% de lo proyectado originalmente.