Piden a senadores evaluar objetivamente todos los elementos e impactos que la iniciativa plantea

La iniciativa de Ley de Hidrocarburos representa un retroceso en el desarrollo de un mercado competitivo en materia de hidrocarburos y el requerimiento de mostrar capacidad de almacenamiento previo al otorgamiento de permisos, eleva de manera importante el riesgo de los proyectos de inversión, lo que inhibirá el desarrollo de infraestructura necesaria para la eficiencia del sector y para la preservación de la seguridad energética del país, consideró el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

Ángel García Lascurain, presidente del Instituto, precisó que si bien coinciden en la importancia de lograr una oferta suficiente y un acceso efectivo a los energéticos como elemento central de desarrollo nacional, los planteamientos de la iniciativa con Proyecto de Decreto que envió el Ejecutivo federal y que hoy se encuentra en revisión en la Cámara de Senadores, genera riesgos para la economía nacional.

“Además de ser un riesgo para la competitividad de los hidrocarburos, la inclusión de la negativa ficta para las solicitudes de los permisos podría desincentivar a la autoridad para atenderlos en tiempo y forma. Ello aumenta la incertidumbre respecto a la viabilidad de las inversiones si estas pueden ser detenidas simplemente por un proceso administrativo lento, y no por razones de fondo que sean debidamente comunicadas a los solicitantes “indicó.

El presidente del IMEF, señaló que la posibilidad de que los permisos sean suspendidos cuando se prevea un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional, sin definir los criterios de evaluación, impide que se diseñen proyectos de inversión que cumplan con los requisitos pertinentes. La posible discrecionalidad en las decisiones eleva sustancialmente el nivel de riesgo de las inversiones.

En esa línea, detalló que la posibilidad de que la autoridad que haya emitido el permiso se haga cargo de la administración y operación del permisionario, para garantizar los intereses de los usuarios finales y consumidores, representa una intervención directa en los derechos de propiedad de los inversionistas, incrementando el riesgo de que se configure una innecesaria expropiación indirecta del patrimonio de los particulares.

“La presión presupuestaria que se ejercerá sobre PEMEX para el desarrollo de la oferta que el país requiere, se dará en circunstancias financieras ya complejas por las que atraviesa la empresa y en un entorno de finanzas públicas con un margen de maniobra reducido, lo que dificulta la liberación de espacio fiscal para inversiones más productivas y protección social”, dijo

García Lascurain, agregó que desde el IMEF, apoyan cualquier iniciativa que permita impulsar el desarrollo de un sector energético moderno, eficiente y suficiente para respaldar el crecimiento y la competitividad de nuestra economía, así como el bienestar de las familias mexicanas.

No obstante, los términos de la iniciativa eliminan los incentivos para la inversión privada en el sector de hidrocarburos, en circunstancias en las que nuestra economía requiere urgentemente de la recuperación de la inversión y de la generación de empleo después del impacto de la recesión más severa del último siglo.

Así mismo, los términos planteados por la iniciativa generarán una demanda importante de recursos presupuestarios gubernamentales adicionales para la ampliación de la oferta en las condiciones necesarias, lo que representa un elemento adicional de riesgo para las finanzas públicas de México.

De ahí que exhortó respetuosamente a las Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos del Senado de la República a evaluar de manera objetiva todos los elementos que la iniciativa plantea y sus impactos, en el marco del análisis, discusión y en su caso, votación de la Minuta correspondiente.

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