Ley de Extinción de Dominio: ¿qué debe hacer un propietario de inmueble?

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En julio, el Senado de la República aprobó la Ley Nacional de Extinción de Dominio que trae un catálogo de 11 hechos susceptibles de su aplicación como delincuencia organizada, secuestro, delitos en materia de hidrocarburos, petroquímicos y delitos contra la salud. petrolíferos.

Texto publicado en la edición 78 de Tu Guía En Concreto

Empiezan a sumarse diversas voces en el sentido de que esta ley sería una virtual cacería de brujas contra todas aquellas personas que indirectamente tengan que ver con quienes cuentan con el espacio en usufructo o en renta, donde el dueño, incluso, puede perder la propiedad ante una simple demanda.

Así lo destacó José Parra Terríquez, Presidente del Instituto Mexicano de la Contaduría Pública (IMCP) de Nayarit: “No estamos en contra de la implementación de esta ley; sin embargo, sí puntualizamos que violenta los derechos humanos, porque no reconoce el principio constitucional de presunción de inocencia.Quien sea demandado, sólo por el hecho de serlo, perderá sus bienes provisionalmente”.

CÓMO PREVENIRSE

Por su parte, el Notario 116 de la Ciudad de México y ex procurador General de la República, Ignacio Morales Lechuga, en entrevista exclusiva con En Concreto, afirmó en el mismo sentido, que el Estado mexicano podrá disponer del bien inmueble de cualquier persona, sea de clase alta o baja.

Además, citó un ejemplo de cómo se podría echar atrás esta normatividad: “El artículo 12 transitorio del propio decreto del 9 de agosto, ordena al Procurador (Fiscal) General de la República a que lleve a cabo una consulta pública para que sea nacional, de la cual se pueden sacar conclusiones que permitan dentro de un año, o antes de un año, mejorar la legislación; así que hay que confiar en que vayamos muchos a participar en esa consulta y pedirles que eliminen los aspectos inconstitucionales que colocan contra la pared a la propiedad”.

El también catedrático de la Escuela Libre de Derecho (ELD) aconsejó ciertos parámetros para las personas que de buena fe rentan un bien inmueble: “Básicamente consiste en cumplir con las obligaciones fiscales. Se debe contar con su título de propiedad notarial registrado, los documentos fiscales a su favor, tener los comprobantes de domicilio, predial al corriente. Si son arrendadores, el contrato de arrendamiento debe contener fecha y estar certificado ante notario. Cuesta 480 pesos certificarlo. Deben tener también su Registro Federal  de  Contribuyentes  (RFC)  como  arrendadores  para echar abajo las pruebas que un fiscal quiera ofrecer en contra del propietario para aplicarle la Ley de Extinción de Dominio”.

VACÍOS LEGALES

Finalmente, detallamos los vacíos de esta norma que podrían afectar al sector.

El denunciante ganaría hasta 5% de un bien denunciado. En un párrafo del artículo 16 de esta Ley, se establece que las personas que contribuyan de “manera eficaz o efectiva a la obtención de evidencia para la declaratoria de extinción de dominio, podrán recibir una retribución de hasta 5% del producto que el Estado obtenga por liquidación y venta de tales bienes.

Venta apresurada de un bien investigado. El artículo 227 establece que las autoridades podrán proceder a la venta o disposición anticipada de los bienes en investigación, con excepción de los que las autoridades consideren objeto de prueba e imposibiliten su destino. Con ello, “el Estado tendría una carta abierta para disponer de los bienes de una persona incluso sin que exista sentencia firme.

El Estado contaría con “socios”. El mismo artículo 16, empoderaría a terceros para beneficiarse de la extinción. “Este  artículo atenta contra la naturaleza propia de la extinción, ya que debe prevalecer el interés público sobre el particular y solo el Estado debe ser beneficiado” dijo la diputada Lorena Villavicencio.

El Ejecutivo determinará las dependencias “beneficiadas” con los embargos. Los bienes podrán disponerse en favor de las dependencias del Gobierno, la Fiscalía General de la República, gobiernos estatales y municipios, según lo determine la Presidencia, lo que podría derivar en el uso discrecional de recursos.

Los dueños inocentes serían despojados si inquilinos incurren en delitos. Si se comete un delito dentro del inmueble o si el crimen la usa como guarida. En ese sentido, Morales Lechuga alertó que cualquier dueño de inmueble corre riesgos de perder su propiedad.

No pagar impuestos sería penado con pérdida de inmueble. La Coparmex señaló que al clasificar como crimen organizado la evasión fiscal, podrá derivar en que contribuyentes que, (debido)  a la Ley Federal de Extensión de Dominio, podrían vender las propiedades del contribuyente de forma automática.

Ley inhibiría la inversión. Finalmente, el empresario Claudio X. González, expresidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), dijo que esta norma podría utilizarse en contra de personas que realizan transacciones legítimas y la incluyó entre “las leyes que pueden inhibir la inversión”.

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Mario Vázquez Barrioshttps://grupoenconcreto.com/
Periodista con expertise en televisión, radio, medios impresos y digitales. Soy escritor e imparto talleres, además.

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