Ley de Catastros permitirá mejor planeación urbana: Sedatu

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Griselda Martínez Vázquez, directora general de Inventarios y Modernización Registral y Catastral de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) informó que con la creación de La Ley de Catastros y Servicios Públicos se contará con sistemas eficaces eficientes que garanticen mayor certidumbre jurídica, así como el fortalecimiento de las haciendas públicas.

Posterior a su participación en el Primer foro virtual de análisis para la creación de la Ley General de Catastros y Registros Públicos, organizada por integrantes de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad de la Cámara de Diputados, destacó las ventajas que tendrá para los diversos niveles de gobierno.

Federación, entidades y municipios administrarán, procesarán y utilizarán la información para llevar a cabo una correcta planificación del territorio y la situación jurídica en derechos de propiedad de inmuebles.

“Tener una cartografía actualizada nos permite ir de la mano en los procesos de regularización, en conjunto con los registros públicos. Para hacer una regularización adecuada que no violente los derechos humanos de propiedad de las personas, necesitamos información registral y catastral actualizada que nos permita brindar elementos a las áreas del gobierno correspondientes que lleven a cabo esos procesos de regularización”, explicó.

Mayor planeación

Además, con la legislación, se facilitará el intercambio de información de propiedades es públicas, privadas y sociales para la planeación y reordenamiento urbano y de vivienda y elevar la recaudación en gobiernos estatales y municipales, a través de impuestos de traslación de dominio y predial.

Una vez aprobada por el Congreso de la Unión, la legislación ayudará a autoridades fiscales y de procuración de justicia al combate a la corrupción.

La construcción de esta ley se ha llevado a cabo a través de Parlamento Abierto en conjunto con Sedatu, las Secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público; la Consejería Jurídica de Presidencia, el Inegi, directores estatales de Registros Públicos de la Propiedad y de Catastro; integrantes del Colegio Nacional del Notariado, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), presidentes municipales, cámaras del sector inmobiliario y asociaciones de bancos.

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