Ignoran diputados demandas de la sociedad e IP: Coparmex

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Organismo llama a senadores a que analicen miscelánea fiscal para no dañar a contribuyentes

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), lamentó la aprobación de la Miscelánea Fiscal para 2022 propuesta por el Ejecutivo Federal, sin atender las propuestas de la sociedad y de la Iniciativa Privada y apela a que en el Senado de la República, se tomen en cuenta las peticiones para evitar afectaciones a los contribuyentes,

José Medina Mora Icaza, presidente del organismo, dijo que la Cámara Alta, no debe avalar en sus términos los cambios propuestos por el Ejecutivo Federal en la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) y en el Código Fiscal de la Federación, que buscan otorgar un mayor control a la autoridad fiscal, pero sin tomar en cuenta las afectaciones a los derechos de los contribuyentes.

“En Coparmex hemos manifestado en reiteradas ocasiones la importancia de que los legisladores escuchen las propuestas de todos los sectores involucrados en la materia, por ello, el 23 de septiembre emitimos un comunicado donde solicitamos a los diputados y senadores atender las inquietudes de la sociedad antes de aprobar la Miscelánea Fiscal para 2022”, dijo.

Recordó que el pasado 11 de octubre en el Parlamento Abierto para el análisis del Paquete Económico 2022 convocado por la Cámara de Diputados, el sindicato patronal externó algunas preocupaciones a las reformas planteadas en más de 200 artículos de las citadas leyes fiscales.

Entre estas modificaciones, señalaron las vinculadas con que sea el Servicio de Administración Tributaria (SAT) quien determine la “razón de negocios” en fusiones y escisiones de sociedades, así como reestructuras corporativas, o que se establezcan facultades para que sea la autoridad fiscal quien determine la “simulación de actos” en facultades de comprobación, toda vez que ésta última abre la posibilidad de darles consecuencias penales y no sólo tributarias, a su determinación.

“Asimismo, señalamos que, por lo que hace a la obligación de que las personas mayores de edad se inscriban en el Registro Federal de Contribuyentes, aún y cuando no tengan ingresos, y no exista la obligación de presentar declaraciones o que sean sancionados por su incumplimiento, hace pensar que esta medida únicamente busca un mayor control por parte de las autoridades, ya que el motivo principal de la inscripción es la generación de ingresos por los cuales se debe realizar el pago de impuestos”, precisó.

Asimismo, indicó que con oportunidad manifestamos que en tanto exista disposición de las partes para continuar, no existe razón justificada para limitar a 12 meses la temporalidad de los “Acuerdos Conclusivos”, toda vez que, es una herramienta que ha resultado viable tanto para el fisco como para el contribuyente para resolver las auditorías.

Por lo que hace a la idea de considerar como “contrabando” el transporte de bienes o mercancías sin el CFDI de tipo de ingreso o traslado, con el Complemento de Carta Porte respectivo, consideramos que es una medida excesiva, toda vez que existen sanciones aplicables a nivel administrativo, por lo que pareciera que únicamente se quiere continuar con la política de criminalizar a los contribuyentes.

Medina Mora Icaza, dijo que otra alerta la marcaron en la facultad de la autoridad fiscal de rechazar la solicitud de Firma Electrónica Avanzada o de Certificado de Sello Digital, eliminar los supuestos para utilizar el procedimiento de aclaración en casos de suspensión y aumentar los supuestos para restringir temporalmente el Certificado, que afectan la actividad económica formal al no permitir que los contribuyentes expidan de manera ordinaria sus comprobantes fiscales, por meras presunciones, lo que implica la parálisis mercantil de las empresas y de la formalidad.

En cuanto a la deducción de créditos fiscales incobrables, el presidente de Coparmex, mencionó que no puede seguirse financiando el Gobierno a costa de los contribuyentes, dilatar su deducibilidad solamente perjudica a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Por otro lado, consideró que el tema relativo a limitar la deducibilidad de los donativos que las personas físicas pueden realizar merece una mención especial, ya que tendrá efectos negativos en la labor de asistencia social que brindan las organizaciones donatarias autorizadas en el país y cuya labor complementa el trabajo que el gobierno no alcanza a realizar para atender las necesidades de la población.

“Esta medida implica darle la espalda a quienes hacen una importante labor social para ayudar a quienes menos tienen. Advertimos también que criminalizar a los profesionales de la contabilidad tampoco es una buena propuesta, pues además de violar el principio de no autoincriminación consagrado en nuestra Constitución, es desproporcional respecto al fin buscado. Atemorizar a los contribuyentes o los terceros relacionados con ellos no es una forma adecuada de crear cultura tributaria”, concluyó.

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