Ignora CONAMER a IP en dictamen preliminar sobre nuevas regulaciones de la STPS

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A pesar de que la iniciativa privada del país, hizo observaciones al dictamen preliminar sobre el proyecto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) sobre nuevas regulaciones que atentan contra las empresas del país, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) prestó oídos sordos e ignoró las propuestas de los organismos y emitió un dictamen desfavorable.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora Icaza, señaló que entre otras disposiciones, se pretende  reducir de 90 a 5 días los tiempos de respuesta de las empresas ante inspecciones.

“Desde la Coparmex reiteramos que dicha modificación propuesta por la STPS en el anteproyecto Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del reglamento general de inspección de trabajo y aplicación de sanciones, es excesiva pues convierte la  obligación de difícil, a imposible cumplimiento”, dijo.

Alertó que de recortarse los tiempos de respuesta a ese lapso, se pone en riesgo la viabilidad de las empresas, pues se genera una sobrecarga adicional para atender las observaciones y así evitar multas y sanciones que, en el contexto de crisis económica actual, pone en entredicho si realmente la aplicación de la regulación generará mayores beneficios que costos.

El líder del sindicato patronal, recordó que en el periodo de consulta pública -uno de los que ha registrado mayor participación ciudadana- para esta disposición, se recibieron 25 comentarios por parte de la sociedad civil y el sector empresarial, mismos que una vez emitido el dictamen preliminar sobre el proyecto, la STPS está obligada a responder sobre los posibles impactos de la regulación.

Por otra parte, dijo que en el periodo que comprende del 3 al 9 de julio de 2021, la #AlertaRegulatoria observó el ingreso de 18 nuevos proyectos regulatorios a la CONAMER, de los cuales, uno fue clasificado como regulación con costo económico y/o social, por lo que tendrá un Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) y una consulta pública.

Medina Mora Icaza, agregó que dicha propuesta, enviada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tiene como objetivo establecer los requisitos y obligaciones que deben de cumplir todas aquellas personas físicas que busquen acceder a la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y fue catalogada como “AIR de impacto  moderado.“Consideramos que esta clasificación es correcta, debido a que contiene disposiciones que deben de cumplir los interesados en certificarse en la materia.

“Es importante destacar que, debido a la temática que se regula, se trata de una disposición que abarca de manera transversal a varios sectores económicos, entre los cuales se incluye a comercializadores de vehículos, metales preciosos y bienes inmuebles, corredores públicos y notarios, agentes financieros, constructores, entre otros”, concluyó.

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